El concejal del PP de Mijas, Manolo Navarro, valoró ayer el informe sobre las viviendas irregulares remitido por el Ayuntamiento de la localidad (PSOE) y recordó que hay un aspecto que no se recoge, ya que al plantear la regularización entre diseminados y suelo urbano no consolidado, se dice que, en este último caso, se requerirá para su regularización un desembolso económico por parte de los propietarios, como ocurre en la zona de La Alberquilla.

En cuanto a trabajar de forma consensuada con el PSOE, el PP recordó que esto lo llevaban pidiendo desde hace mucho, matizando que en ningún caso se aceptará una planificación de reuniones a largo plazo, "sino una sola en la que se alcancen acuerdos concretos". Dichos acuerdos deberán pasar por un convenio marco con la Junta de Andalucía, un posicionamiento claro con el Poder Judicial para paralizar de forma cautelar los expedientes de demolición y las multas coercitivas y la aprobación del catálogo de las 7.000 casas fuera de ordenación.