Provincia

El PSOE pide que la legalización de casas sea asumida por el Consistorio

  • El PP propugna que sea la Junta la que articule los mecanismos necesarios

El debate sobre qué Administración debe velar por los intereses de los compradores de viviendas ilegales en Marbella continúa abierto. Ahora, el PSOE plantea que sea el Ayuntamiento, y no la Junta de Andalucía, la que asuma las "gestiones administrativas necesarias" para normalizar la situación de las casas que se construyeron sin respetar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986. Esta propuesta fue ayer registrada en el Parlamento Andaluz a través de dos enmiendas a la proposición no de ley presentada por el PP sobre la situación de los adquirientes "de buena fe" de inmuebles irregulares. La iniciativa de los populares, que mañana será debatida en Pleno, insta a la Administración autonómica a articular los mecanismos necesarios para que los propietarios no tengan que "asumir con su patrimonio" el sistema de compensaciones establecido en el nuevo PGOU.

El diputado socialista, Luciano Alonso, advirtió de que, "en caso de aprobarse la proposición no de ley del PP tal cual está y la Junta de Andalucía tuviera que realizar las actuaciones referidas, el Consejo de Gobierno se vería obligado a retirar de nuevo al Consistorio de Marbella no sólo las competencias urbanísticas de aprobación del planeamiento, sino incluso las de su gestión, para ejercerlas él mismo".

Las enmiendas presentadas por el PSOE serán "estudiadas" con "mucho detenimiento" por la Plataforma de Afectados por el PGOU, aunque a priori les resultan "interesantes" porque plantean que "hay que perseguir a los promotores" que construyeron de manera ilegal.

Por otra parte, el portavoz de los propietarios de viviendas irregulares, José Ortiz, mantuvo ayer una reunión con el comisionado de la Costa del Sol, Diego Martín Reyes, en la que le solicitaron una entrevista con el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves

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