Provincia

El Parlamento rechaza buscar cauces para evitar las compensaciones

  • El gobierno local de Marbella, del PP, dice que modificará el PGOU para que los propietarios de casas ilegales no tengan que asumir el sistema previsto en el plan

El Parlamento andaluz rechazó ayer, con los votos del PSOE e IU y la abstención del PA, la propuesta del PP que instaba a la Junta a articular mecanismos para que los adquirientes de "buena fe" de casas de Marbella cuya regularización depende de compensaciones urbanísticas no tengan que asumirlas con su patrimonio.

Durante el debate -seguido desde la tribuna por concejales del PP de la Corporación marbellí-, Esperanza Oña, portavoz del PP, dijo que el Ayuntamiento de Marbella ha sido víctima de una corrupción con "el silencio" de la Junta, además de defender a los vecinos que compraron de "buena fe" sus viviendas sin saber que se habían construido con licencias ilegales.

El PP ha justificado esta iniciativa con el argumento de que tras la elaboración del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), estos propietarios están sumidos en "un mar de confusión", por lo que es necesario, a su juicio, que "las víctimas de la corrupción, y ahora de la confusión, tengan un poco de sosiego". Los populares rechazaron la enmienda presentada por el PSOE que proponía solicitar al Consejo Consultivo un dictamen sobre la situación legal de los adquirientes y las acciones legales "de regreso" que les corresponden.

Tras conocer el resultado de la votación en la Cámara andaluza, la primera teniente de alcalde de Marbella, María Francisca Caracuel (PP), anunció que el Ayuntamiento modificará el PGOU, que actualmente está en trámite, para evitar las compensaciones necesarias para la normalización de las viviendas levantadas con licencias contrarias al planeamiento vigente.

El plan propone la normalización de 18.000 casas ilegales mediante un sistema de compensaciones por parte de las promotoras que permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes. En caso de que dichas empresas no asuman las cargas urbanísticas negociadas con el equipo redactor del PGOU, serían los propietarios de los inmuebles quienes deberían hacer frente a los gastos del proceso de compensación. Caracuel recordó ayer que los propietarios "son también víctimas de lo que ha ocurrido en Marbella".

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