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Reclamaciones de 20 millones amenazan las arcas municipales

  • El equipo de gobierno llevará a Pleno la devolución de 600.000 euros a La Parchite y el PP exigirá una posición sobre Merinos

La portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Ronda, María de la Paz Fernández, solicitó ayer la celebración de un Pleno extraordinario en el que abordar el posicionamiento del Consistorio rondeño ante la reclamación de los promotores de Merinos Norte, que demanda la devolución de los 15 millones de euros pagados en concepto de aprovechamientos urbanísticos. Fernández reclamó al nuevo equipo de gobierno que "tome decisiones" y le reprochó que mantenga la posición "cómoda" que mantenía en la oposición en un asunto que puede suponer un grave problema para el Consistorio rondeño si finalmente tiene que responder a esta reclamación.

El Ejecutivo local llevará al Pleno la resolución del convenio firmado entre el Ayuntamiento y los promotores de La Parchite, otro de los terrenos en los que el PGOU contempla la posible construcción de campos de golf, lo que supondrá que la tesorería municipal tenga que proceder a la devolución de los importes ingresados por aprovechamientos urbanísticos, en este caso, unos 600.000 euros.

En este caso, la posición del equipo de gobierno ha decidido seguir adelante con el acuerdo que en su día alcanzaron los promotores con los anteriores responsables municipales, con el PP al frente. Con ello, señalan, se evitará el pago también de las costas e intereses. Fuentes municipales explicaron que los servicios jurídicos recomiendan en alcanzar este acuerdo. Además, en la sesión plenaria está previsto debatir la reclamación de unos 7 millones euros por parte de Ronda Gestión de Proyectos por los daños que considera le ocasionó el no poder acometer la construcción del centro comercial de Eroski. En este caso, la posición del equipo de gobierno es la de rechazar la reclamación. Con todo ello, se abre uno de los procesos más importantes que se tendrán que afrontar el Consistorio a corto y medio plazo, en los que se tendrá que decidir si se devuelven cantidades que superar los 20 millones de euros, con el consiguiente problema para las arcas municipales.

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