El Ayuntamiento de Vélez-Málaga iniciará tras el verano las acciones judiciales necesarias para esclarecer la titularidad de la Ermita de San Sebastián, un edificio religioso que fue levantado por orden de los Reyes Católicos en recuerdo de Sebastián Fernández El Pelao, palafrenero del Rey Fernando que le salvó la vida en la capital axárquica durante la conquista del Reino de Granada.

En el último Pleno, la Corporación aprobó por unanimidad una moción para aclarar quién es el propietario de este inmueble para poder así llevar a cabo su recuperación y rehabilitación. Se da la circunstancia que en marzo del pasado año, el Obispado de Málaga firmó la cesión al Ayuntamiento, sin embargo, hay una familia que asegura tener las escrituras desde 1945, dándole uso incluso como corral de cabras.

Al respecto, la edil de Cultura, Cynthia García (PSOE), recalcó que nunca antes ningún equipo de gobierno había avanzado tanto en la recuperación de la Ermita, “y nosotros apostamos firmemente por poder recuperar este bien y, por ello, llevamos cuatro años trabajando para hacernos con la documentación exigida y desbloquear una situación que lleva muchos años paralizada”.

Un grupo de veleños creó una asociación para reivindicar su recuperación

Según indicó, ante la negativa de entregar las llaves de acceso al inmueble donde se encuentra la Ermita de San Sebastián por parte de las personas que las tienen actualmente en su poder, se deben iniciar las acciones judiciales correspondientes para aclarar finalmente la titularidad de la propiedad y poder ejecutar el proyecto previsto por el Ayuntamiento de rehabilitación y adecentamiento de la ermita y su entorno. Para ello, el Ayuntamiento contempla una partida de 200.000 euros en el Presupuesto.

La presidenta de la Asociación de Amigos de San Sebastián, Lucía Godoy, así como toda la junta directiva, se mostró muy satisfecha por el trabajo de “negociación y, a veces, de presión, que hemos ejercido sobre el anterior equipo de gobierno” para poder aclarar a quién pertenece el inmueble. “Todo el lío de la titularidad se sabía desde hace décadas, pero nadie lo había contado tan claro hasta el momento que se creó la asociación y empezamos a investigar”, explicó Godo, quien aclaró que el colectivo “no quiere que esta familia se vea en una situación de desventaja, solo que un juez, tras estudiar la documentación, dictamine de una vez de quién es la ermita”.