El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Marbella ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo del caso en el que se investigaba un presunto delito de falsedad documental en la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 2010.

Este procedimiento penal tenía su origen en la denuncia contra la ex alcaldesa y senadora del PP Ángeles Muñoz, iniciada por el fiscal jefe del área de Marbella, Julio Martínez Carazo, en septiembre del pasado año.

El fiscal señalaba como presuntos autores de un delito de falsedad documental a la ex regidora y al vicesecretario del Ayuntamiento, por lo que solicitó traslado de la denuncia a la Fiscalía de Málaga y al Tribunal Supremo por la condición de aforada de Muñoz.

El instructor del caso, Gonzalo Dívar, amplió posteriormente la investigación a la exconcejala popular Alba Echeverría, responsable de la delegación de Urbanismo entonces.

En la resolución, a la que ha tenido acceso Efe, el juez señala que "se pone de manifiesto de manera clara y rotunda que no hubo ninguna intención, ni mala ni buena", por parte del equipo de gobierno de que el escrito donde se contenían las modificaciones del PGOU introducidas a última hora "pasaran desapercibidas".

"El escrito ni fue presentado por dicho equipo de gobierno, ni fue redactado por éste, ni fue quien introdujo los cambios mencionados", afirma el magistrado.

En su resolución, indica que en la grabación del pleno "se aprecia" como "sí se hizo referencia" al escrito relativo a la suspensión de licencias y modificaciones de los planos del PGOU realizados por el equipo redactor a instancias de la Junta".

"Bien es cierto que no se hizo con la amplitud que se hubiera deseado, pero sí se mencionó y se puso en conocimiento de los concejales, poniendo de manifiesto, además, que dichos escritos estaban unidos al expediente", apunta el juez.

Dívar afirma que dicho expediente tendría que haber sido revisado por todos los concejales "para informarse" de los cambios "o, en su caso, haber solicitado la suspensión del pleno, lo cual no hicieron".

"Incluso, se puede ir más allá, pues se podía haber votado en contra de su aprobación, lo cual se hizo sólo por dos concejales", subraya el juez, que recuerda que el edil Enrique Monterroso se opuso a la aprobación pero "exclusivamente para que se consultara a los vecinos y por razones ideológicas".

El magistrado concluye en su auto, contra el que cabe recurso, que "procede el sobreseimiento de las presentes diligencias al no apreciarse la existencia de infracción penal alguna".