Más del 60 por ciento de la plantilla de la Policía Local de Torrox está de baja médica, en una situación que el Ayuntamiento atribuye al conflicto que mantienen los sindicatos policiales con el consistorio, por el que sólo diez efectivos están disponibles para patrullar las calles.

El alcalde accidental de Torrox, Teodoro Ruiz  ha explicado hoy que 18 de los 28 agentes con los que cuenta la plantilla policial están de baja, "lo que repercute negativamente en la calidad de los servicios que se prestan a la ciudadanía".

"Sólo tenemos diez policías, dos de ellos en segunda actividad, que intentan cubrir con turnos especiales el servicio mínimo de atención a los ciudadanos para que la seguridad no se vea afectada", ha señalado Ruiz.

El regidor ha señalado que la colaboración de la Guardia Civil y de los voluntarios de Protección Civil "ayuda a minimizar esta situación", aunque ha hecho un llamamiento a los agentes para que se reincorporen lo antes posible al trabajo.

"Si son problemáticas de índole menor apelo a que los policías, que son garantes de la seguridad, se incorporen lo antes posible", ha añadido.

La oleada de bajas, agudizada desde el pasado fin de semana, se produce apenas unos días después de que se repartiese por todo el municipio una remesa de pasquines de los sindicatos policiales en los que se reivindica el cumplimiento del calendario laboral acordado con el Ayuntamiento.

Por esta razón, el conflicto que mantiene el cuerpo policial con el Consistorio floja como posible causa de estas bajas masivas, según ha asegurado el concejal de Seguridad Ciudadana, Manuel Palomas (PIU), al que los sindicatos critican en sus comunicaciones.

En declaraciones a Efe, Palomas ha reconocido que la problemática que viven los agentes se debe "a desavenencias con la actuación del jefe", aunque ha dejado claro a los efectivos policiales que la Policía "es un cuerpo jerarquizado en el que se debe respetar a los superiores".

El alcalde accidental ha declarado a este respecto, que si las bajas masivas de los agentes deben entenderse como una medida de presión de los sindicatos "el equipo de Gobierno no está en disposición de entrar en ningún tipo de negociación del convenio o las retribuciones salariales de los agentes".