El Ayuntamiento de Marbella pretende expropiar el edificio en el que se encuentran las actuales dependencias de la delegación de Urbanismo, y no comprarlo, como ayer denunció el portavoz del grupo municipal socialista, José Bernal.

Según la concejala de Ordenación del Territorio, Francisca Caracuel, que calificó las declaraciones de Bernal de “incendiarias”, el edificio está “regularizado”, “cumple todos los requisitos legales” y cuenta con la correspondiente licencia de ocupación y apertura desde el año 2012.

Al mismo tiempo, la edil negó cualquier tipo de negociación con la propiedad del inmueble, que según Bernal pertenece a una sociedad participada por el prófugo del caso Malaya, Juan Hoffman, el empresario Bonifacio Solís, y el alcalde de Estepona, José María García Urbano (PP), tal y como también informó el Confidencial.

Este diario intentó, sin éxito, recopilar la valoración del alcalde de Estepona. Además, Caracuel acusó a Bernal de mantener conversaciones con los propietarios del edificio durante su etapa como alcalde.

“No vamos a comprar el edificio, aquí no hay negociación con los propietarios ni ha habido conversaciones con los propietarios más allá de la que tuvo el señor Bernal cuando estuvo al frente del Ayuntamiento”, señaló.

“La propietaria estará de acuerdo o no en la expropiación pero nosotros seguiremos adelante porque entendemos que es de interés general que nosotros obtengamos ese edificio”, agregó.

Así las cosas, justificó esta expropiación en un informe municipal en el que se pone de manifiesto la falta de espacio y la necesidad de dotar de mejores equipamientos a los trabajadores de esta delegación.

El Ayuntamiento dispone actualmente de las tres primeras plantas de un edificio de siete plantas en pleno centro de la localidad a los que también hay que sumar los locales comerciales.

“Aquí hay cien personas trabajando y en ocasiones excede de las cien cundo hay algunos planes especiales de empleo. Y hay espacios donde trabajan 17 personas en poco más de 50 metros cuadrados”, comenta.

“Hay un informe de necesidad realizado por técnicos de la delegación con fecha del mes de abril que justifica la necesidad de que estos trabajadores gocen de más espacio de trabajo para no poner en riesgo la seguridad y la salud de estos”, añadió.

“Es una necesidad tan conocida por todos que ya el anterior gobierno del señor Bernal inició las conversaciones con los propietarios para adquirir el edificio”, incidió Caracuel, quien denunció que con estas declaraciones Bernal trata de ocultar “las dudas en torno a su gestión al frente de la empresa pública de aguas” dependiente de la Mancomunidad de la Costa Occidental, Acosol.

El equipo de gobierno llevará al pleno de este viernes una modificación presupuestaria de 2,8 millones con este fin.