Los comerciantes y empresarios de Puerto Banús han vuelto a reiterar sus quejas a la concesionaria después de que hace unos meses denunciaran públicamente un incremento de la tasa de ocupación de las terrazas, a lo que se suman una serie de condiciones que los empresarios se niegan a aceptar, y piden que se tomen medidas contra las “prácticas abusivas en la gestión de las zonas comunes” del recinto portuario.

Al mismo tiempo, los empresarios ponen en juicio la calificación urbanística de estos espacios, cuyas conclusiones ya fueron entregadas al Ayuntamiento de Marbella y publicadas el pasado mes de abril por este periódico, donde ponen de manifiesto que gran parte de las terrazas se encuentran sobre vía pública, es decir, en zonas que originariamente era calles y plazas y que cono los años han sido ocupadas por los locales, con lo que estarían fuera de la concesión del puerto y, por tanto, exentas de pagar a la concesionaria, por lo que piden una respuesta al Ayuntamiento.

En este sentido, aseguran que el planeamiento actual para Puerto Banús señala que “todos los viales públicos serán de dominio público”. Además, hacen referencia al acuerdo plenario del 11 de julio de 1995 en el que se determina que las superficies ocupadas por las terrazas de los negocios de Puerto Banús tienen la consideración de “dominio y uso público”.

“Este pleno fue recurrido por la concesionaria ante el TSJA de Andalucía y, una vez desestimado su recurso, ante el propio Tribunal Supremo, fracasando la concesionaria en todas las instancias su intento de tumbar el Pleno del Ayuntamiento que tan dañino le resultaba”, apuntan. En ese mismo pleno, añaden, “en su punto 36.11, declara que los viales de Puerto Banús son de uso y dominio público, y, además, acuerda eliminar las barreras que en ese momento impedían el acceso a los viales, poniendo dichas vías públicas a disposición de la policía municipal”.

Por otro lado, el documento del pasado mes de abril también hacía referencia a informes técnicos municipales en los que se deniega la licencia para llevar a cabo el cerramiento de algunas terrazas al estar estos en “zona peatonal” o por “encontrarse los terrenos sobre los que se pretende actuar calificados por el Plan General vigente como viario público”.

Por todo ello, los comerciantes y propietarios de los locales piden que se tomen “medidas inmediatas”, ya que de no ser así, “se procederá a tomar las medidas que por ley corresponda tanto en el ámbito civil como en el ámbito penal contra la concesionaria, contra los responsables de la Asociación de Puertos de Andalucía (APPA) y contra el Ayuntamiento”.

Además, entre otros asuntos los comerciantes denuncian que se han colocado puertas metálicas que prohíben el paso a la segunda línea del puerto, “provocando grandes pérdidas y accesos restringidos a las personas minusválidas”. “Esto podría suponer un peligro en caso de incidentes puesto que dificulta la evacuación del mismo. Del mismo modo restringen el paso peatonal, por lo que la visibilidad de los locales comerciales es menor, con el consiguiente perjuicio económico para estos”, añaden.

Por su parte, desde la concesionaria del recinto portuario rehusaron hacer declaraciones sobre este conflicto si bien ya hace unos meses aseguraron sobre este mismo asunto ser “la titular de los derechos de explotación de las terrazas que se ubican dentro del perímetro de la concesión”, tal y como vendría ejerciendo los últimos 50 años “de forma ininterrumpida y sin ningún tipo de conflicto”.

El problema surgió a finales de 2017, cuando Puerto Banús realizó una primera subida en el cobro por el uso de las terrazas de hasta un 25 por ciento.