Una disputa por un complemento salarial de 1.200 euros se ha prolongado durante casi diez años y pasado de despacho en despacho del Ayuntamiento de Vélez-Málaga, para terminar dirimiéndose ante los tribunales. Ayer, el conflicto laboral quedó zanjado.

El Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga ha absuelto al ex alcalde de Vélez-Málaga, el socialista Antonio Souvirón, defendido por el abogado José Soldado, y al que fuera interventor del Ayuntamiento, Joaquín José Gómez Alba, de los delitos de prevaricación y falsedad documental que se les imputaba.

El Ministerio Público pedía para el ex regidor siete años de inhabilitación especial por un posible delito de prevaricación, mientras que la acusación particular solicitaba para éste cuatro años de prisión y 14 de inhabilitación como cargo público, además de la obligación de indemnizar a la funcionaria Sofía Villén.

Además, la defensa de la trabajadora pedía para el interventor cinco años de cárcel y 14 de inhabilitación.

La denunciante fue nombrada jefa de la Oficina de Urbanismo del Ayuntamiento de Vélez-Málaga en 1985. Tras prestar servicios en el Ayuntamiento de Málaga, se reincorporó al Consistorio veleño en 1995. Cuatro años después, presentaba un escrito en el que advertía que estaba cobrando entre 4.000 ó 5.000 pesetas mensuales menos de lo que le correspondían por un desfase, a su juicio, en los complementos de productividad, según recoge la sentencia como hechos probados.

Tras varios escritos de protesta, Villén consiguió que el concejal delegado de personal aceptara sus quejas y cuantificara el dinero que habría dejado de percibir entre los años 1995 y 1999 en 200.000 pesetas (1.200 euros).

La trabajadora ya había percibido la mitad de este montante, cuando el interventor rechazó la propuesta y propuso al alcalde que se lo retiraran de su nómina. A partir de ese momento, empezó un espinoso periplo judicial que no se ha resuelto hasta ahora.

El magistrado entiende que no existió prevaricación porque el complemento de productividad, que reclamaba la denunciante, es un pago subjetivo. "Corresponde al alcalde la distribución de dicha cuantía entre los diferentes programas o áreas y la asignación individual del complemento (...) que tiene el carácter de incentivo eminentemente personal (...) en función del rendimiento personal del titular del puesto de trabajo". Por tanto, el tribunal entiende que ni el alcalde ni el interventor incurrieron en abuso de poder al denegarle este complemento.

Además, el concejal de Personal en aquel momento declaró que "la situación laboral era muy tensa y se sintió presionado por la señora Villén, que continuamente venía a reclamarle esos atrasos".

El juez también rechaza la imputación de falsedad documental y por todo ello condena a la denunciante a asumir las costas del proceso de Joaquín José Gómez Alba.