La relación del ex jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación de Málaga José M. L. y las obras ilegales ejecutadas por el promotor del centro hispano-ruso en la ampliación de su vivienda, en Montes de San Antón, llega al juzgado. La Sección de Delitos contra la Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de la Fiscalía acaba de remitir al Juzgado Decano, para la incoación de diligencias previas, denuncia contra el urbanista, al entender que existen indicios de que podría haber incurrido en un delito al emitir un certificado de antigüedad en el que acreditaba que lo construido sobre suelo no urbanizable tenía más de seis años, con lo que pretendía avalar lo ejecutado y evitar su demolición.

La actuación de la Fiscalía se produce después de que la Gerencia de Urbanismo pusiese en su conocimiento la actuación desarrollada por el arquitecto, también implicado en la trama urbanística de Alcaucín, hace varios meses, lo que motivó la apertura de diligencias de investigación por parte del Ministerio Público.

Tras las pesquisas realizadas, según consta en el escrito al que tuvo acceso este periódico, el fiscal responsable remitió el pasado 3 de febrero denuncia contra el arquitecto "por delito" del artículo 390 del Código Penal, que textualmente indica: "Será castigado con las penas de prisión de tres a seis años, multa de seis a veinticuatro meses e inhabilitación especial por tiempo de dos a seis años, la autoridad o funcionario público que, en el ejercicio de sus funciones, cometa falsedad", ya sea alterando un documento o simulándolo "en todo o en parte, de manera que induzca a error sobre su autenticidad", entre otros preceptos.

La emisión del certificado de antigüedad de José M. L. fue crucial para que el promotor del centro hispano ruso, Vladimir Beniachvili, pudiese llegar a inscribir en el Registro de la Propiedad número 2 de Málaga dos de las edificaciones que levantó de forma ilegal, ya que buena parte de las mismas se levantan sobre suelo no urbanizable. En este sentido, el documento, que J. M. emitió en su actividad privada, hacía constar "que la obra se encuentra terminada y tiene una antigüedad superior a seis años".

La inscripción en el registro, fechada el 26 de marzo del pasado año, afecta a una "obra nueva" con una superficie edificada de 1.796 metros cuadrados, que, según detalló el propio arquitecto afectado en un informe del 16 de junio de 2008, "se desarrolla en dos viviendas distribuidas en dos volúmenes, más dos pequeñas construcciones anexas", cuyo uso previsto era el de "apartahotel".

Más en detalle, una de los inmuebles construido por Beniachvili incluía una cafetería-bar, seis apartamentos y sala de instalaciones, con 529 metros construidos, mientras que la segunda edificación se compone de cuatro plantas, con cinco apartamentos dúplex, un gimnasio, varias saunas, cuatro viviendas más y una zona común que incorpora una piscina, así como una amplia terraza mirador y una vivienda con salón, entre otros.

El paso dado por la Fiscalía es uno más del largo listado de acontecimientos que rodea la actuación del empresario ruso desde finales de 1998, cuando por vez primera la Policía Local constató que el promotor estaba ejecutando unas obras junto a su vivienda que no se ajustaban a la licencia que le fue concedida por la Gerencia de Urbanismo. Desde ese momento, y a pesar de los numerosos apercibimientos y órdenes de demolición emitidas por el Ayuntamiento, éste ha continuado edificando sin autorización alguna en la zona. Los datos de los que dispone el Consistorio son concluyentes e indican que en estos doce años ha levantado unos 6.500 metros cuadrados sobre suelo no urbanizable, actuaciones valoradas en 865.000 euros.

865.000