La instrucción del caso Hidalgo se ha cerrado con un auto en el que la jueza ordena proseguir la causa por el trámite de procedimiento abreviado contra 20 personas por supuestos delitos contables, contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales. El presunto blanqueo, según concluye la resolución judicial, habría alcanzando alrededor de 60 millones de euros.

En abril de 2007 se destapó la causa con una operación policial en la que se practicaron 23 detenciones. Las investigaciones posteriores incrementaron el número de imputaciones, que casi llegó a una treintena.

En el auto la instructora acuerda el sobreseimiento provisional de las actuaciones en relación con otras cuatro personas. Se trata de los tres notarios que fueron detenidos en la operación policial --Amelia Berguillos, Joaquín María Crespo y Mauricio Pardo -- y de Mauro Cruz Conde, el hijo del principal imputado en el caso, el abogado cordobés Rafael Cruz Conde, cuyo despacho en Marbella constituye, según los investigadores, el supuesto eje de la trama delictiva, según publica hoy el diario SUR.

De los 20 imputados, seis pertenecen al bufete de letrados. La jueza María Jesús del Pilar, que ha cerrado la instrucción antes de concluir su trabajo en comisión de servicio en los juzgados de Marbella, no sólo atribuye a algunos de los integrantes del despacho su participación en operaciones para el blanqueo de capitales, sino que también considera que los letrados dejaron de ingresar a la Agencia Tributaria más de 410.000 euros entre los ejercicios 2004 y 2006.

En lo que respecta a Cruz Conde, cuantifica la cuota defraudada en concepto de IRPF en más de 141.000 euros. Según el auto, los archivos informáticos intervenidos en el propio despacho reflejan que el importe facturado por la comunidad de bienes compuesta por los seis abogados "era objeto de dos contabilidades distintas, la oficial y la oficiosa, siendo esta última superior a la primera".

La instructora sostiene además que "el uso fraudulento de estructuras societarias por parte de los imputados ha derivado en actos de delincuencia financiera de evasión y fraude fiscal".

SHAMOON

La resolución judicial dedica cerca de la mitad de las 204 páginas que la componen a analizar las prácticas acometidas a través del entramado societario de David Shamoon, propietario de un importante número de empresas entre las que se encuentran aquellas que gestionan los hoteles Marbella Club y Puente Romano.

Según el auto, Shamoon sería el responsable de un presunto blanqueo de capitales de 52,4 millones de euros, en virtud de las cantidades no ingresadas por el empresario a la Hacienda Pública derivadas de operaciones de compraventa y actuaciones bancarias.

Además de los complejos hoteleros en Marbella y otras propiedades repartidas por la Costa del Sol, especialmente en Benahavís, el imputado es dueño de edificios, parcelas y galerías comerciales en Reino Unido y posee varios edificios en Estados Unidos, así como terrenos en Israel y otras propiedades en Suecia.

En 2006 adquirió además varios hoteles en países como Estonia y Lituania. Según la declaración judicial del empresario, en 2008 obtuvo cinco millones de dólares de beneficio en Estados Unidos y 800.000 libras en Reino Unido, aunque sus "más significativas y cuantiosas rentas las obtiene en España".

Según la resolución dictada por Del Pilar, en el holding de Shamoon, donde se incluyen sociedades radicadas en paraísos fiscales --es el caso de las Antillas Holandesas--, han tenido lugar operaciones como supuestas distribuciones de beneficios sin ingresar cuotas tributarias o aportaciones de capital disfrazadas en préstamos ficticios. También ventas de inmuebles, como el hotel y el casino Torrequebrada, por las que no se ha abonado el IRPF.

El auto dispone que las cuantías defraudadas a Hacienda por Shamoon por el impago de este impuesto entre 2001 y 2005 superan los 21 millones de euros. Según la jueza, en la supuesta comisión de los delitos atribuidos al empresario también participa Cruz Conde, además de otros imputados, como consecuencia del diseño o de la gestión de la estructura societaria.

La resolución judicial sostiene que cuando se distribuyen beneficios, dividendos, intereses de préstamos participados o anticipos de liquidación de Puente Romano y del Marbella Club las cantidades "no se ingresan a nombre de David Shamoon", sino que lo hacen "en las cuentas de las sociedades holandesas que participan en sus sociedades españolas y, a su vez, éstas se ingresan en las cuentas antillanas que participan a las holandesas, destinándose finalmente el dinero" a cuentas en Suiza.

CONEXIONES

Por otra parte, en el auto se detalla también, dentro de la conexión tunecina de la trama, las operaciones de Sophiane Hambli --imputado que también está presente en el sumario del caso Ballena Blanca-- en relación con los "sospechosos" ingresos bancarios en más de media docena de cuentas de una sociedad patrimonial sin actividad propia y con domicilio en el despacho de Cruz Conde. El importe blanqueado, según la jueza, supera los 1,3 millones de euros.

En el caso de la denominada conexión belga, la resolución judicial refleja que presuntamente se comete un blanqueo "a cuatro bandas" en la adquisición de una vivienda por parte del imputado Azam Khan, quien posteriormente, en dos operaciones distintas a través de sociedades, se compra y se alquila a sí mismo la propiedad, antes de simular su venta a un sobrino, Jan Khan Nadir.

La cantidad blanqueada asciende a más de 3,7 millones de euros, según el auto, que establece además que Nadir sería responsable de dos delitos contra la Hacienda Pública al dejar de ingresar en las arcas del Estado más de 18,3 millones de euros en concepto de IVA por las operaciones del operador petrolero Petroazul SL, del que Nadir es administrador único. La jueza atribuye también delitos fiscales a otros empresarios extranjeros en operaciones en las que participan letrados del despacho de Cruz Conde y otros asesores contables también imputados.

No están todos los que son, según el auto, que apunta que no se puede dictar por el momento auto de procedimiento abreviado contra Rolf Ander Stibeck, en busca y captura por el caso Hidalgo desde mayo de 2007.