CASO ASTAPA

La jueza decreta libertad con fianza de 150.000 euros para Barrientos

  • Los dos concejales del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el jefe de Gabinete de Alcaldía, José Flores, los otros tres imputados que siguen en prisión, también se beneficiarán de esta decisión judicial

El juzgado instructor del Caso Astapa sobre la corrupción en el Ayuntamiento de Estepona ha decretado libertad bajo fianza de 150.000 euros para el ex alcalde de la localidad Antonio Barrientos y los otros tres presos por este causa, entre ellos dos concejales del Partido Estepona (PES).

Estos ediles son José Ignacio Crespo y Manuel Reina, el otro encarcelado es el que fuera jefe del Gabinete de Alcaldía José Flores y esta nueva situación afecta a los cuatro únicos imputados que permanecían aún en prisión, quienes deberán abonar 150.000 euros en cada caso, según han informado fuentes judiciales. El importe se puede depositar en el juzgado de guardia hasta las 20.00 horas o ya consignarlo en una cuenta judicial en una entidad financiera mañana.

La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona, Isabel Conejo, ha adoptado su decisión después de que el ministerio fiscal solicitara el cambio de situación personal de los imputados, que tendrán obligación de comparecer los días 1 y 15 de cada mes ante los juzgados y a quienes les retirarán sus pasaportes.

La investigación de la causa se centró en un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio y suma casi seis meses después de destaparse la trama 63 imputados, de los que 19 están en libertad bajo fianza y 40 en libertad sin fianza, mientras que para los cuatro encarcelados se modifica ahora su situación.

Barrientos, que fue elegido alcalde con el PSOE, permanece en prisión provisional comunicada y sin fianza desde el pasado 20 de junio en la cárcel de la localidad malagueña de Alhaurín de la Torre tras ser detenido en esta operación tres días antes. Está acusado de los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y blanqueo de capitales y dimitió como alcalde al ser encarcelado.

Permanece en prisión desde ese mismo día aunque ingresó horas antes Crespo, que ejercía de portavoz del PES en el Ayuntamiento, fue primer teniente de alcalde de 2003 a 2007 con Antonio Barrientos como alcalde y previamente formó parte del Grupo Independiente Liberal (GIL), que fundó el fallecido alcalde de Marbella Jesús Gil.

La juez imputa a este abogado madrileño y a Flores los mismos delitos que al ex alcalde, mientras que a Reina además de esos se añade el de fraude.

La instructora había denegado varias veces la solicitud para la puesta en libertad provisional de Barrientos, entre ellas en septiembre pasado cuando lo justificó en estar "pendiente de practicarse en breve una serie de diligencias de gran importancia".

La jueza imputó precisamente la pasada semana los delitos de tráfico de influencias y blanqueo a la madre y hermano del ex alcalde, que declararon ante ella y el fiscal Anticorrupción, aunque no se adoptaron medidas cautelares contra ellos.

Entre los imputados hay concejales de Estepona que pertenecieron al PSOE y al Partido Andalucista (PA), empresarios, abogados, arquitectos, técnicos y funcionarios municipales y ex cargos de confianza del consistorio.

Respecto a los ediles hay cuatro no adscritos que fueron expulsados del PSOE y que están en libertad bajo fianza con cifras que oscilan entre 30.000 y 50.000 euros (Francisco Zamorano, Asunción López, Mariví López y Marisa Rodríguez-Pino). Una quinta persona llegó a estar en prisión por este caso, el ingeniero técnico Javier Wittmeur, puesto en libertad bajo fianza el 31 de julio tras pagar 60.000 euros. Entre los delitos que se les imputan a los concejales están los de blanqueo de capitales, malversación, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociación y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

La instructora atribuye a otros imputados los delitos contra la Administración pública, omisión del deber de perseguir delitos, falsedad y actividades prohibidas a funcionarios públicos.

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