'caso arcos'

La jueza imputa a la edil de urbanismo de Torremolinos

  • María Isabel Llamas ha declarado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios

El 'caso Arcos', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción en torno al Ayuntamiento de Alcaucín (Málaga), suma una nueva imputación. La concejala de Urbanismo del Ayuntamiento del municipio malagueño de Torremolinos, María Isabel Llamas, ha declarado por los presuntos delitos de tráfico de influencias y negociaciones prohibidas a funcionarios.

La jueza que instruye la causa, la titular del Juzgado número 3 de Vélez-Málaga, Irene Urbón, tomó declaración a primeros de noviembre a la edil, que es hija, hermana y cuñada de otros tres imputados en el 'caso Arcos', por el que en febrero de 2009 fueron detenidos el ex alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, y un jefe de servicio de la Diputación, José Francisco Mora.

Los hechos que han motivado la imputación de la concejala, que ya declaró en 2009 en calidad de testigo, están relacionados con una operación urbanística realizada durante su etapa como asesora del consistorio axárquico y que generó una importante plusvalía, según publica este sábado el diario 'SUR'.

Según la investigación, el nombre de María Isabel Llamas habría aparecido en un contrato de compraventa de una parcela de unos 6.500 metros cuadrados situada en suelo rústico. La actual concejala del Ayuntamiento torremolinense aparecería en un documento privado fechado en junio de 2004 como titular de un 25 por ciento de la finca.

El resto estaba, según los papeles, en manos de otros dos socios. La parcela fue vendida dos años después y, al parecer, generó una plusvalía total de unos 500.000 euros, a tenor del contrato, que se elevó a público el 16 de marzo de 2006. El anterior documento de compraventa, en el que figuraría Llamas, fue anulado días antes de fraguarse esta operación.

Sobre esa finca, que estaba en suelo rústico, existía, al parecer, una expectativa de negocio por parte de los compradores, que proyectaban construir unas 200 viviendas. Sin embargo, la parcela no se convirtió en urbanizable. María Isabel Llamas negó los hechos ante la juez y explicó que nada tenía que ver con la operación. Matizó que si su nombre aparecía en la misma tenía que ver con su familia, en concreto su padre que es promotor inmobiliario, extremo éste que corroboró su progenitor.

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