Después de 24 años, la Mancomunidad de Municipios del Bajo Guadalquivir -que engloba a siete pueblos de Sevilla y cuatro de Cádiz- formalizó ayer en un Pleno, celebrado en su sede Lebrija, su disolución. Pero para los que han sido sus trabajadores, que dejaron de cobrar en octubre de 2011, sus proveedores y los municipios no es el final. Debe constituirse una comisión liquidadora, con representantes de los municipios y que tiene seis meses para precisar qué se debe y subastar su patrimonio que, según las últimas tasaciones, vale unos once millones. También debe determinar cómo se reparte el resto de la deuda según las cuotas de cada municipio. No será fácil. El informe presentado por la presidenta y alcaldesa lebrijana, María José Fernández (PSOE), revela que hasta mayo se debía a la plantilla -que acaparó el 60% del presupuesto- 2,8 millones. La deuda total supera los 32 millones, con una tesorería limitada en ocasiones a 400 euros.

Éstas y otras circunstancias motivaron que, pese a que todos tuvieran claro que el ente no tiene razón ya de ser, no se produjera unanimidad al votar su disolución. Los representantes del PP, junto con el grupo de Roteños Unidos, votaron en contra. Exigían que antes se pidieran "responsabilidades" por la gestión y que los "culpables" de los "excesos" paguen por ello. "Los vecinos no pueden pagar el despilfarro y la mala gestión", destacó el PP, que solicitó la fiscalización por la Cámara de Cuentas. El resto de grupos dijeron estar dispuestos a exigirlas también, aunque era el momento de tomar la decisión política de liquidar. El alcalde de Utrera, Francisco Jiménez (PA), está convencido por ejemplo de que en el largo y complejo proceso que queda saldrán muchas cosas que tendrán que depurarse.

No sería la primera vez que la Cámara de Cuentas audita a la entidad. En 2008 ya advirtió del descontrol contable, aunque el que ha sido su gerente, José Antonio Navarro, le restó importancia. No se tomaron medidas, ni por la Presidencia -en manos de los alcaldes de Los Palacios desde 2003, primero con Emilio Amuedo y luego con Antonio Maestre, hasta 2011-, ni forzadas por el resto de regidores, que admiten cierta dejadez. Tampoco se abordó el problema del personal, con más de cien trabajadores con una relación laboral de años, pero contratados con programas y con los que, en vísperas de los últimos comicios, Maestre llegó a comprometerse a hacerlos fijos.

Los problemas se han agravado y 2011 se cerrará con un remanente de tesorería negativo de 12 millones. Es decir, la mancomunidad adquirió compromisos de pago que, gastado todo lo que había, suman esa cantidad. Existen además "cientos de demandas judiciales y reclamaciones de cantidad por violación de contratos y despidos" de trabajadores, con "decenas de juicios" en los próximos meses y "una gran cantidad" de sentencias que dan la razón a proveedores y entidades que reclaman "cantidades importantes" y están en trámites de ejecución. Ello ha provocado que los jueces hayan advertido incluso a la Presidencia, al tesorero y secretario que pueden incurrir en delitos de desobediencia. Éstos y otros han sido los motivos o la consecuencia de que el organismo no pueda prestar ya los innumerables fines que recogió en sus estatutos y por los que fue creciendo con los fondos europeos y las subvenciones de la Consejería de Empleo.

Por estatutos, conforme se vaya liquidando se irán abonando, por este orden, los gastos de la liquidación, las deudas con los trabajadores, con los organismos públicos, préstamos y deudas con acreedores. Si no hay suficiente, la deuda debe ser absorbida por los municipios integrantes, según su participación, aunque se da por ello que los más grandes recurrirán. De esta forma, serían los ayuntamientos gaditanos de Sanlúcar de Barrameda (27,4%), Rota (19,5%) y Chipiona (14,5%) junto a Utrera (11,1%) los que tengan que asumir las mayores cantidades. Hasta 2011, además, todos los integrantes acumulaban ya cuotas sin pagar por 1,7 millones.

Sanlúcar debía 533.000 euros; 269.000, Rota; y 253.000, Chipiona. En el caso de Utrera, la deuda era de 96.000 euros, menor que la de Los Palacios (que es de 211.000 euros, pese a que su participación es del 8,9%), y que Lebrija (130.000 euros y un 8% de aportación). Las Cabezas, con el 3,5% debe más de 57.000 euros; El Coronil, con el 1,2%, más de 23.000; El Cuervo, con el 1,8%, unos 32.300 euros; Trebujena, con el 2,6%, debía más de 73.000 euros hasta 2011; y Los Molares, con una participación del 0,9%, debía 26.000.