Que 7.500 personas, según la Policía, y 10.000 según la organización, recorrieran las calles de Estepona el pasado 5 de marzo para protestar contra la subida del IBI le puede costar al portavoz de la Plataforma de Asociaciones de Vecinos de la ciudad, José Antonio Gálvez, 6.000 euros. Esa es la cantidad con la que la Subdelegación del Gobierno en Málaga propone sancionarle después de que el colectivo realizase una marcha por la ciudad cuando sólo tenía permiso para una concentración a las puertas del Ayuntamiento.

Según la Subdelegación, "la sanción se propone teniendo en cuenta el principio de proporcionalidad, así como la gravedad de los hechos por el gran número de participantes y por la reiteración de los mismos". Por su parte, Gálvez calificó la medida de "desproporcionada".