Los productores de tropicales han iniciado, junto a la Junta de Andalucía, el trabajo para lograr una Indicación Geográfica Protegida (IGP) para la protección de los aguacates y mangos de Málaga y Granada, provincias que concentran el grueso de la cosecha nacional de estos frutos.

Javier Braun, presidente de la Asociación Española de Productores de Frutas Tropicales, que agrupa a unos 400 socios de Málaga, Granada, Cádiz, Huelva y Valencia, ha explicado este jueves que el objetivo de este distintivo es dar un valor añadido y proteger a la fruta española frente a la que llega de otros países, “que nada tiene que ver con nuestros cultivos”.

El representante de este colectivo, que tiene su sede en Vélez-Málaga, ha informado de que ha mantenido una reunión junto al gerente de la asociación, Eloy García, con técnicos de la Delegación Territorial de Agricultura en Málaga, que ha supuesto el punto de partida de la colaboración con la administración autonómica para lograr la IGP.

Ha afirmado que “casi con toda seguridad”, además de Málaga y Granada, también podría entrar la provincia de Cádiz en este reconocimiento de calidad.

En este sentido, ha precisado que en esta provincia, en la zona del Campo de Gibraltar, se está avanzando “bastante” en el cultivo de subtropicales, con plantaciones de hasta cien hectáreas de superficie.

“Quizá, en lo que al clima se refiere, esta zona está un poco en el límite, pero se está trabajando bastante bien y la finalidad es incluir también esta provincia en la IGP”, ha insistido.

Ha señalado que a partir de ahora, tendrán que elaborar un pliego de condiciones y “una hoja de ruta”, y que todo el proceso será tutelado por la Junta, que asesorará al colectivo en la parte administrativa.

La adhesión a esta indicación protegida será voluntaria para productores y comercializadores, pero desde la asociación, confían en sumar a la totalidad de sus socios, que reúnen una superficie de cultivo superior a las 4.000 hectáreas.

Los trámites para conseguir el distintivo podrían prolongarse unos tres años y requerirán de aprobaciones autonómicas, estatales y europeas.