Los promotores del macrocomplejo residencial y de golf de Merinos Norte ya han formalizado la reclamación de devolución de los aproximadamente 15 millones de euros que han pagado hasta el momento en concepto de aprovechamientos urbanísticos al Consistorio rondeño. Eso sí, no han cursado una reclamación de daños y perjuicios, y es que la sentencia judicial que terminó por tumbar el proyecto anuló la aprobación que había realizado la Junta de Andalucía del plan parcial para la puesta en marcha del proyecto.

Hasta el momento era solo una posibilidad, pero el Ayuntamiento de Ronda ha recibido oficialmente esta semana la petición, por lo que ahora tendrá que estudiarse este asunto por parte del Gobierno local, abogados y técnicos municipales para dar respuesta a este asunto. En caso de aceptarse, el agujero económico en las sufridas arcas municipales sería de dimensiones incalculables, mientras que una respuesta negativa podría llevar casi con total probabilidad de un largo litigio judicial, ya que, una vez dado el paso obligatorio de realizar una reclamación directa a la administración afectada y recibida la respuesta, los afectados sí que podrían recurrir a la Justicia para reclamar las cantidades que legítimamente consideran que le corresponden. Un simple dato pone de relieve la importancia del asunto, y es que el presupuesto anual del Ayuntamiento de Ronda es de 26 millones de euros.

Los promotores, hasta el momento de producirse la sentencia que anuló la aprobación del plan parcial del proyecto, habían venido pagando 1,5 millones de euros anuales en función del convenio que estaba firmado entre empresa y Ayuntamiento.

De momento, las fuentes municipales consultadas han rechazado realizar una valoración del asunto, ya que todavía no se ha mantenido ninguna reunión para estudiar este problema. Eso sí, las únicas opciones del Consistorio pasan por rechazar la reclamación o negociar el pago de la deuda de forma fraccionada y en cómodos plazos, ya que un pago único es "imposible", indican estas fuentes.

La situación actual se deriva de la decisión del Tribunal Supremo de refrendar la sentencia emitida en octubre de 2012 por el TSJA, poniendo fin a una larga lucha en los tribunales de Justicia entre el Consistorio rondeño, los promotores y la propia Junta de Andalucía -la Administración autonómica decidió no recurrir la sentencia del TSJA- y el Ayuntamiento de Cuevas del Becerro y Ecologistas en Acción, que han sido los que encabezaron la lucha contra este proyecto.

La empresa y el Consistorio, así como la Junta de Andalucía en su momento, se consideraba que no podía exigirse para la aprobación de este plan parcial, aprobado inicialmente en 1995, un dictamen preceptivo de la Ley de Aguas que fue introducido en el año 2005, un hecho en el que creían que el TSJA se basaba para anular dicho plan.

En la actualidad el proyecto se encuentra paralizado y los terrenos han pasado a manos de una entidad bancaria, por lo que no existe, de momento, perspectivas de que esta gran actuación urbanística, la mayor proyectada en la Serranía de Ronda, tengan visos de que pueda ser recuperada en algún momento.

No obstante, la actual alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, anunció tras conocerse este cambio de propietarios que estaba previsto mantener contactos con ellos para conocer sus intenciones sobre el proyecto, aunque hasta el momento no han trascendido los posibles resultados de esas gestiones si es que se han realizado.

Mientras tanto, sobre el terreno la naturaleza se está encargando de ir borrando las marcas que dejaron las obras que llegaron a realizarse y que supusieron la apertura de buena parte de los viales que estaban destinados a convertirse en las calles del complejo, procediendo a la instalación de buena parte de los saneamientos. Además, a la entrada de la finca también ha desaparecido el cartel que indicaba la llegada a Ronda Golf.