No hay constancia de que se hayan realizado procesos selectivos para la contratación de personal en el Ayuntamiento de Manilva desde 2007. Así de claro lo deja el secretario municipal, Joaquín de Salas, en el informe remitido al juzgado que investiga las presuntas contrataciones irregulares en el Consistorio a raíz de la denuncia presentada por el presidente del comité de empresa del Ayuntamiento de la localidad. Según el informe, al que ha tenido acceso este diario, a excepción de las contrataciones temporales realizadas para impartir cursos de mantenimiento de edificios y jardines, nadie ha entrado en el Ayuntamiento por oposición ya que la oferta de empleo público de 2007 "permanece inmotivadamente pendiente".

En dicha oferta se contemplaba la convocatoria pública de pruebas selectivas para la provisión de 70 plazas de funcionario y 131 de personal laboral, sin embargo, según el secretario, no se han realizado las pruebas ni tampoco se han suspendido por orden municipal o supramunicipal "salvo en lo que se refiere al caso particular de cinco plazas de entre las 201 convocadas que han sido impugnadas jurisdiccionalmente por la administración autonómica y por el Colegio Oficial de Delineantes".

También apoya el informe del secretario la denuncia realizada por el presidente del comité de empresa, Francisco Román, en lo referente a la contratación de 16 de los 17 integrantes de la candidatura de IU a las últimas elecciones municipales. Román, además, mantenía en su escrito que también se había contratado a familiares de concejales en diferentes áreas del Ayuntamiento.

En el informe elaborado por el secretario municipal a petición de la juez que instruye el caso, Isabel Conejo, el funcionario también asegura que se han realizado pagos a una empresa en que la alcaldesa, Antonia Muñoz, es administradora única, así como a otra propiedad de su marido y a otra de un primo hermano suyo por un importe que supera los 600.000 euros sin que "esté acreditada la realización de publicidad ni de libre concurrencia ni la existencia de criterios de selección" a la hora de contratar con las citadas mercantiles. Por su parte, Muñoz sigue sin pronunciarse al respecto desde que se inició el proceso judicial en el que está imputada. La regidora estaba citada el pasado mes de febrero pero se acogió a su derecho a no declarar y anunció que aportaría toda la documentación a la instructora del caso.