El vertedero municipal de Marbella echará el cierre tras casi dos décadas operando de forma irregular y sin cumplir con las preceptivas normativas medioambientales, según anunció ayer el concejal de Sostenibilidad, Miguel Díaz. Las ilegalidades en las que habría incurrido la instalación, inaugurada en 1998, han provocado varios expedientes sancionadores por parte de la Junta de Andalucía por "la práctica grave de utilizar un vertedero irregular" que han prescrito salvo uno por el que podría reclamar al Ayuntamiento una multa que oscilaría entre los 200.000 y los dos millones de euros. "El recinto no cuenta ni con la autorización ambiental necesaria ni con el permiso administrativo para el tratamiento de residuos, por lo que la medida defiende por un lado la legalidad y, por otro, los valores sostenibles", comentó Díaz, quien precisó que el cierre del centro eximiría a las arcas públicas de hacer frente a este pago.

Díaz recordó que han sido recurrentes los incendios originados en este centro debido principalmente a la acumulación de muebles, que eran enterrados durante años bajo los escombros y que junto a la emisión de gases han supuesto un riesgo potencial de conatos de incendio en la zona. Asimismo, puso de manifiesto que "el objetivo del vertedero era almacenar escombros de obras, pero con el paso del tiempo se han ido vertiendo otros elementos". De este modo, indicó que "desde el mes de septiembre acordamos eliminar este tipo de vertidos, alcanzando un acuerdo con la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental para trasladar los enseres a la planta de transferencia de Casares", precisó. En estos cinco meses se habrían trasladado alrededor de 300 toneladas de muebles para su reutilización en la planta de Casares, evitando así, además, el riesgo de incendio.

Al mismo tiempo, el edil quiso lanzar un mensaje de tranquilidad a los vecinos del municipio y aseguró que esta decisión "no va a afectar a la recogida diaria de residuos porque Marbella cuenta con una planta de tratamiento donde se hace la transferencia de los restos orgánicos que se derivan a la instalación de Casares".

El cierre definitivo del vertedero, ubicado junto en la carretera de Ojén, se llevaría a cabo en el plazo de un mes, tras lo que se iniciarían los trámites para proceder al sellado de los terrenos, que podría llevarse a cabo con fondos europeos y que rondaría los dos millones de euros.

Por otro lado, Díaz criticó la "nula política medioambiental" de los gobierno locales anteriores "que no consiguieron, entre otras muchas cuestiones, impulsar ni un solo punto limpio en el municipio, algo que desde nuestro ejecutivo nos hemos marcado como prioritario dentro de nuestros proyectos a realizar".

En este sentido, la Junta de Gobierno Local celebrada ayer acordó solicitar a la delegación de Urbanismo la reserva de suelos para la ubicación de un centro de estas características en el municipio y que de esta manera estén contempladas para la redacción del futuro nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGPU), previsto para 2018. "Primero terminaremos con las prácticas irregulares y luego sentaremos las bases para cubrir los déficit con nuevos equipamientos", concluyó. El vertedero recibía anualmente unas 100.000 toneladas de escombros y muebles, de los cuales 2.000 correspondían a escombros generados por obras municipales mientras que el resto procedían de obras de particulares. Por otra parte, entre las últimas actuaciones por parte del el equipo de gobierno en esta zona, en diciembre del año pasado se llevaron a cabo los trabajos de mejora de pavimentación, drenaje y seguridad vial del camino de acceso al vertedero municipal, una actuación muy demandada durante mucho tiempo por los usuarios de la zona.