El Gobierno local de Ronda rechazó este lunes en la sesión plenaria la recomendación de la intervención municipal de realizar el servicio de limpieza mediante una concesión, lo que supondría la privatización de la actual empresa de limpieza de la ciudad del Tajo, Soliarsa, en la que trabajan sobre unas 90 personas.

La recomendación de la intervención municipal se produce tras un largo informe de auditoría sobre la empresa en la que se relatan una serie de deficiencias que considera que deben corregirse porque no cumplen con los requisitos establecidos en la legislación actual.

Entre ellos se encuentran pluses recogidos en el convenio colectivo u otros que considera que no han sido aprobados por los órganos competentes. Además, también alega contradicciones entre algunos de estos beneficios para los trabajadores, como recibir un pago por trabajar en domingos y otro por un exceso de barrido los lunes a causa del descanso del dominical o asumir gastos de competencia municipal pero que no están en sus estatutos o el abono de la paga de productividad a pesar de reflejar pérdidas.

Un extenso listado de 50 advertencias que en unos casos propone directamente suprimir y en otros modificarlos para que se ajusten a la legalidad.

En este sentido, la consejera delegada de la empresa en la actualidad, Josefa Valle, rechazó la opción de privatizar este servicio y aseguró que se está procediendo a corregir las anotaciones realizadas tras la auditoría de la empresas conforme a las indicaciones realizadas por parte de este departamento técnico del Ayuntamiento de Ronda.

Por otra parte, el Gobierno local y Ciudadanos no apoyaron la petición de Izquierda Unida (IU) de crear una comisión de investigación para analizar el último proceso de contratación realizado en esta empresa local tras recibir quejas sobre el mismo por parte de algunos de los aspirantes.

El portavoz de IU, Álvaro Carreño, insistió en la necesidad de esclarecer cualquier tipo de dudas que puedan existir para que así los aspirantes puede tener un conocimiento claro del proceso.

Mientras tanto, la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, aseguró que se había tratado de una selección conforme a la legislación vigente, sin participación de políticos en el tribunal, y lamentó las acusaciones de “enchufismo” lanzadas desde IU. Además, anunció posibles acciones legales si la representante de este partido en la empresa seguía lanzando “mentiras”.