La alcaldesa de Ronda, María de la Paz Fernández, anunció ayer que el Ayuntamiento rondeño no tendrá que devolver los 15,5 millones de euros que le reclamaba la empresa promotora del complejo urbanístico Merinos tras no tener que paralizar su construcción por decisión judicial una vez que había obtenido los permisos por parte del Consistorio. La regidora mostró su satisfacción por que se agote la vía judicial con un resultado positivo para los intereses del Consistorio una vez que el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación que se había presentado contra la sentencia que por dos ocasiones había dado la razón a la defensa del Ayuntamiento rechazando las pretensiones de los promotores.

Y es que, como reconocía Fernández, si hubiesen tenido de devolver 15,5 millones de euros las arcas municipales habrían tenido un importante problema, ya que esta cifra representa prácticamente la mitad del presupuesto anual de la la ciudad. “Es una gran noticia para la ciudad y que nos tranquiliza a todos porque haber tenido que abonar esta cantidad hubiera supuesto un serio problema para la economía municipal”, afirmó la regidora.

De este modo finalizan cinco años de incertidumbre en los que estuvo sobre el Consistorio rondeño la duda de la ruina si en algún momento se hubiese revertido la decisión inicial de un juzgado malagueño, ya que desde el Ayuntamiento ya se había gastado este dinero en diferentes actuaciones tras haberlo ingresado como parte del convenio que en su momento firmaron los promotores y el Consistorio para promover este proyecto que contemplaba la construcción de unas 800 viviendas, hoteles y dos campos de golf. Eso sí, aunque el Consistorio respira aliviado por no tener que devolver el dinero reclamado, lo que sí seguirá vigente es la limitación que supone para la ciudad este complejo frente a la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, ya que dicho proyecto sigue estando recogido en la actual normativa.