Justicia

Piden investigar "incidencias" en la empresa municipal de limpieza de Ronda

  • La Fiscalía solicita a los juzgados rondeños que abran una investigación sobre la denuncia presentada

  • IU exige explicaciones a la alcaldesa y la regidora asegura que se investiga al anterior Gobierno local

Camión de la empresa de limpieza de Ronda

Camión de la empresa de limpieza de Ronda / Javier Flores (Ronda)

La Fiscalía ha solicitado a los juzgados de Ronda que abran una investigación sobre las presuntas irregularidades que se habría detectado en el funcionamiento de la empresa municipal de limpieza, Soliarsa, mediante la auditoria encargada por el actual equipo de gobierno en el año 2019.

En el escrito remitido al juzgado decano de la ciudad del Tajo para que gire el correspondiente encargo del caso a uno de los tres juzgados de primera instancia e instrucción de la ciudad, se considera que a tenor de la documentación entregada por un abogado de la capital podrían desprenderse indicios de delito, en concreto, de prevaricación y malversación de fondos públicos.

En concreto dicho escrito se apunta a una cifra de 86.000 euros de la que no habría podido obtener un documento de entrega, albarán de recepción del material o que el servicio fuese prestado.

A ello suma las “incidencias” detectadas en el control de las horas de trabajo , el sistema de contrataciones o los anticipos de remuneraciones. En concreto, se señala que se habrían emitido cheques al portador firmados por el jefe de servicio en lugar de la alcaldesa o un descuadre de caja de 2.803 euros.

Tras conocer estos hechos, el portavoz de IU en el Ayuntamiento de Ronda, Álvaro Carreño, pidió explicaciones al Gobierno local por los hechos que se pide que se investiguen. “¿Qué va a hacer la alcaldesa?”, preguntó Carreño, al tiempo que sostuvo que a su compañera en el consejo de administración en la sociedad publica la habrían amenazado por denunciar algunos de estos hechos como el proceso seguido para la selección de personal. Además, preguntó a la regidora si se van a producir dimisiones tras la decisión tomada por la Fiscalía.

Mientras tanto, el Gobierno local mostró su “sorpresa” por las declaraciones realizadas y respondió al portavoz de la coalición de izquierdas mediante un comunicado en el que mostraron su sorpresa por las declaraciones de Carreño, ya que, según sostienen, el periodo que se investigaría si finalmente el juzgado decide abrir diligencias correspondería al anterior gobierno municipal del que el propio concejal de IU formaba parte junto al PSOE y el ya desaparecido PA.

Por ello, la alcaldesa de la ciudad, María de la Paz Fernández, solicitó su dimisión al considerar que se está “autoinculpando” ante los hechos recogidos por la auditoria externa y que el propio Carreño denunció.En cuanto a la situación de la empresa, desde el Gobierno local aseguran que se han corregido las formas de proceder sobre las que se había advertido en el informe de intervención tras tener conocimiento del mismo.Además, también aseguraron que se logró obtener la documentación necesaria para justificar el gasto de 86.000 euros que se había recogido como injustificado en la auditoria.

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