Ronda sigue sin conseguir aclarar su futuro urbanístico a golpe de reveses judiciales y dilataciones del proceso. La ciudad del Tajo lleva años tratando de renovar su plan general (PGOU) y su plan especial del casco antiguo sin que hasta el momento logre conseguirlo.

Tras años de trabajos para renovar el PGOU un tribunal dictaminó a favor del equipo redactor que había recurrido la adjudicación a otro estudio de arquitectura y miles de horas de trabajo y de y borradores terminaron en la basura, ya que se determinó que el trabajo realizado hasta entonces no se podría utilizar como base para una nueva redacción.

Tras ese último golpe y un intento fallecido del anterior equipo de gobierno de rescatar al equipo que se estaba encargando de redactar el paralizado plan especial del casco antiguo, el actual Gobierno local se puso como objetivo el poder dotar a la ciudad de este último documento ante los problemas que los propietarios de viviendas e inversores encuentran a la hora de realizar cualquier actuación en la zona por muy pequeña que sea, por lo que procedieron a licitar y adjudicar la redacción del plan especial a un estudio granadino.

No obstante, el colegio de Arquitectos de Málaga presentó un recurso contra aquel proceso de licitación al consideran que no se garantizaba la igualdad debido a lo que consideraban un exceso de valoración de la experiencia profesional de los concurrentes.

Ahora, cuando los trabajos habían superado ya el trámite de consultas a los ciudadanos y colectivos de la zona, llega la decisión del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales dando la razón al colegio de Arquitectos de Málaga y anulando aquel pliego.

Ante esta situación el delegado municipal de Urbanismo, Jesús Vázquez, anunció que el Gobierno local había optado por resolver el contrato con el estudio que había resultado adjudicatario y volver a licitar la redacción del plan especial a principios de año.

Vázquez, sostuvo que se había tomado esta decisión para tratar de perder el menor tiempo posible, ya que, aunque aseguró que los servicios técnicos municipales consideran que hay argumentos suficientes para ganar un recurso sobre esta decisión, sería tener que invertir entre cuatro y cinco años en un proceso judicial.

Además, el edil arremetió contra el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales y lamentó que hubiesen tardado siete meses en resolver un recurso que habitualmente resuelven en uno, algo que creen que perjudicó al Consistorio al no tener opción de rectificar durante el periodo de licitación. De igual modo, niega que se perjudicase a nadie al obtener todos la máxima puntuación en este apartado.