El ladrón confeso del Códice Calixtino, Manuel Fernández Castiñeiras, pidió ayer en el primer día del juicio oral por la sustracción del manuscrito la nulidad del proceso, que el Ministerio Fiscal y la Iglesia, personada como acusación particular, defienden que se "ajusta a derecho".

El antiguo electricista de la catedral de Santiago de Compostela, que se mantuvo cabizbajo durante la vista junto a su mujer y su hijo, dará hoy su versión del robo del documento, el ejemplar más antiguo y completo de esa obra denominada Liber Sancti Iacobi.

El códice, del que existen unas 200 copias en distintos puntos de Europa, desapareció del archivo de la catedral compostelana en julio de 2011 y se especuló sobre su paradero hasta que fue hallado en un garaje alquilado un año después.

La investigación policial permitió descubrir que el electricista disponía de llaves de diversas dependencias y que se había apoderado durante años no sólo de documentación, sino de dinero y objetos valiosos de la catedral.

El ladrón confeso del Códice, que estuvo interno en el penal de Teixeiro (La Coruña) desde julio de 2012 hasta enero de 2013, está acusado de dos delitos de robo con fuerza, uno de ellos continuado, un delito contra la intimidad y otro de blanqueo de capitales.

La Fiscalía pide para él 15 años de cárcel, mientras la Iglesia elevó la petición a 31 por apreciar que Castiñeiras abusó de la confianza del personal de la catedral

Para su mujer, Remedios Nieto, y su hijo, Jesús Fernández Nieto, el Ministerio Fiscal limita su petición de pena a un año y medio de prisión para cada uno de ellos por blanqueo de capitales y prevé una alternativa de seis meses por sendos delitos de receptación.

En la primera sesión de este juicio, que se alargará hasta el 5 de febrero, la letrada que defiende a los tres miembros de esta familia solicitó la nulidad de todas las actuaciones, puesto que considera que la instrucción está contaminada.

En los juzgados compostelanos de Fontiñas, la letrada dijo que su cliente vive una situación de "Guantánamo procesal", en la que todo es "nulo de pleno derecho" y un claro ejemplo sobre "cómo vulnerar de forma palmaria y clamorosa" los derechos fundamentales de las personas, puesto que "ninguno de los tres acusados" ha tenido "un juez imparcial".

Carmen Ventoso atacó al juez instructor del caso, José Antonio Vázquez Taín, y de él subrayó que dio una lección acerca de lo que "no se debe hacer", un comentario que, junto a otras observaciones, llevaron al magistrado presidente de la sala a pedirle que se centrase porque "no es al juez al que se está juzgando".

La letrada cargó durante casi dos horas contra Vázquez Taín, y de este juez criticó los registros hechos en las propiedades del acusado, los cuales se extendieron por más tiempo del que contemplaba el auto; la propia detención de su cliente, y la comparecencia ante el instructor, tras la que fue llevado a prisión, porque se excedió el plazo legal de 72 horas.

Tras la exposición de la defensa, llegó el turno del Ministerio Fiscal y a continuación de la Iglesia, y en ambos casos defendieron la instrucción que siguió a la sustracción del Códice Calixtino, y solicitaron que no se acepte la petición de declarar nulo todo el proceso, dado que no se vulneraron los derechos que sostiene la defensa, que, además "no son ilimitados", advirtió la Fiscalía.

El fiscal asignado a esta causa, Antonio Roma, subrayó que no toca "discutir" toda la instrucción ya que en todo momento los imputados contaron con la defensa de un abogado, en un inicio de oficio, y se dio consentimiento a todas las diligencias, que estaban encaminadas a la obtención de pruebas.

Apuntó Roma, asimismo, que la defensa de esta familia presentó "probablemente más de cien recursos", por lo que muchas de las nulidades solicitadas ayer ya fueron tratadas y denegadas por la Audiencia Provincial durante la fase de instrucción.

El Ministerio Público puso de relevancia también la gravedad de los hechos que se juzgan, ya que se trata del robo de "un bien cultural único". Sobre la imparcialidad, el fiscal presumió que la sala se mantiene "ajena" a cualquier estado de opinión generado por la mediatización del caso.

El letrado que representa al cabildo de la catedral, José Antonio Montero, se ha "adherido" a las argumentaciones esgrimidas por el Ministerio Fiscal para rechazar la nulidad del procedimiento.