La subcomisión del aborto del Congreso de los Diputados acordó ayer un documento de conclusiones elaborado por el PSOE en el que deja en manos del Gobierno la determinación de los plazos concretos para abortar y los supuestos o indicaciones en los que se podrán ampliar. El documento fue aprobado con los votos en contra del PP y la abstención de IU. El texto será debatido el próximo miércoles en la comisión de Igualdad, que deberá tener en cuenta los votos particulares que ya han anunciado que presentarán PP y ERC-IU-ICV. A su vez, la propuesta de la comisión será estudiada por el comité de expertos convocados por la ministra de Igualdad, Bibiana Aído.

La falta de acuerdo en la subcomisión no preocupa a la portavoz del PSOE y ponente del documento de conclusiones, Carmen Montón, quien afirmó que los tres meses de debate "darán su fruto" el próximo miércoles ya que todos los grupos tienen "muchos puntos en común".

No obstante, el PP reiteró su oposición frontal a la posibilidad de una ley de plazos, que considera inconstitucional, y criticó que el documento de conclusiones haya sido elaborado sólo por el PSOE y no refleje las opiniones de los demás miembros de la subcomisión, según la portavoz Sandra Moneo. La diputada popular anunció que su formación recurrirá la futura normativa ante el Tribunal Constitucional (TC). Moneo acusó al PSOE de defender "una política de aborto libre". Por ello, anunció que su grupo presentará conclusiones propias y emitirá un voto particular sobre el informe final de la subcomisión. En este sentido, Moneo aseguró que el objetivo del PP es "reducir los abortos en España", por lo que "no entiende" que el PSOE haya llevado a la Cámara la iniciativa de reforma. "Ante mucho aborto, trae más aborto", dijo. El PP lamentó la "subasta de semanas" en que se habría convertido el debate y la falta de un plan de apoyo para las mujeres embarazadas cuyo objetivo sea reducir el número de abortos.

El documento aboga por una ley de plazos combinada con la previsión de varios supuestos o "indicaciones" en los que la interrupción del embarazo podría llevarse a cabo en un periodo mayor de tiempo, y que el PSOE no ha concretado. Todo ello estaría enmarcado en una Estrategia Global de Salud Sexual "con el objetivo de prevenir embarazos no deseados", según explicó Montón.

El PSOE tampoco quiso precisar los plazos en los que la mujer podrá decidir interrumpir el embarazo libremente por considerar que debe ser el Gobierno quien los decida. El documento de la subcomisión defiende también la regulación de la objeción de conciencia para evitar las "inequidades territoriales".

El grupo de ERC-IU-ICV considera estas limitaciones insuficientes y apuesta por una reforma legal "más ambiciosa" que permita el aborto libre hasta la semana 24 de gestación, según explicó Gaspar Llamazares.