Las empresas españolas conocen que la ley establece la obligación de reservar el 2% de la plantilla para personas con discapacidad, pero sólo el 32% la cumple porque alegan encontrar dificultades para captar a estos desempleados y la baja cualificación profesional de muchos de ellos.

El estudio La inserción laboral de las personas con discapacidad señala que sólo están en activo en el mercado laboral tres de cada diez personas con discapacidad y analiza, preguntando a 155 empresas, cuál es la actitud de los empresarios en relación con la inserción laboral de este colectivo.

Según los encuestados, las principales barreras que dificultan la contratación de personas con discapacidad son la dificultad que tienen para captar a los desempleados con discapacidad y los problemas para encontrar a la persona que tenga cualificación suficiente para el puesto de trabajo y que encaje con algunas actividades de la empresa.

Sólo el 5% de las personas con discapacidad tiene estudios superiores, recuerda Mario Lara, de PriceWaterHouseCoopers durante la presentación de este estudio en las jornadas Inserción laboral de personas con discapacidad: generación de valor empresarial y social.

Por ello, los empresarios reclaman que se establezcan entidades especializadas para reclutar a estos profesionales, que se integren los trámites necesarios para realizar estas contrataciones y que en los casos de discapacidad sobrevenida se fijen mayores ayudas para la retención de estas personas en las empresas.

Respecto a la solicitud, admisión y recepción de ayudas, existe un desconocimiento generalizado por parte de los empresarios encuestados.

El tipo de contrato más utilizado por las empresas para contratar a personas con discapacidad es el temporal y el contrato por obra y servicio, señala.

El 96% de las empresas tiene constancia de la cuota de reserva que establece la Lismi (Ley de Integración Social de Minusválidos), pero son menos las que conocen las medidas alternativas (el 73%) y tan sólo el 32% de las empresas de más de 50 empleados tenía cubierta en 2006 la reserva del 2%.

Además, el estudio explica que las entidades públicas cumplen en mayor medida la ley que las privadas y por sectores el incumplimiento es superior en el agrícola, donde apenas el 13% lo aplica. En España, existen más de 35.800 empresas obligadas a cumplir la LISMI, que pueden disfrutar de bonificaciones y descuentos en la Seguridad Social, exenciones fiscales, entre otras medidas.

Las empresas tienen la percepción de que las ayudas a la adecuación de la persona con el puesto de trabajo son insuficientes para la adaptación de determinados puestos de trabajo. Entre las recomendaciones del informe, se incluyen la de ofrecer manuales prácticos para las empresas, introducir un módulo en la Encuesta de Población Activa (EPA) que ofrezca información estadística sobre el mercado laboral de personas con discapacidad y segmentar las discapacidades, gestionando los casos de forma individualizada para evitar la vinculación "discapacidad-puesto". También propone desarrollar programas de sensibilización para los futuros responsables de recursos humanos y crear dentro de las escuelas de negocio cursos para mostrar las ventajas de la inserción laboral de este colectivo.