Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea (UE) adoptaron ayer una posición común contra la caza de ballenas que defenderán en la reunión que la Comisión Ballenera Internacional celebrará este mes en Chile. El objetivo es "reforzar la protección de esos cetáceos en todo el mundo", dijo el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, al término del consejo de ministros que adoptó la decisión.

El texto aprobado pide la continuación de la actual moratoria aplicable a la caza de ballenas y anima a utilizar métodos que no impliquen la muerte de esos animales cuando se recurra a ellos con fines científicos. También se aboga por la creación de zonas de protección de las ballenas. Dimas valoró el respaldo de los ministros al texto, pero recordó que La política de la UE para proteger a las ballenas "no será efectiva si no se ve respaldada por una acción coherente en todo el mundo". El comisario subrayó, no obstante, que la posición común permitirá a la UE "desempeñar un papel más relevante en la Comisión Ballenera y utilizar todo su peso político, moral y económico para proteger a las ballenas".

Por otra parte, los ministros de Medio Ambiente debatieron los esfuerzos que los países deberán llevar a cabo para cumplir las metas fijadas para reducir sus emisiones de CO2 antes del final de 2020. Los objetivos de cada país deberían concretarse de aquí a finales de año para que la UE pueda acudir con una posición fuerte a la conferencia internacional de Copenhague de 2009, donde se negociará un futuro acuerdo internacional después de Kioto. Sin embargo, las reivindicaciones que plantean las delegaciones amenazan con retrasar el calendario previsto. Los países del Este, encabezados por Hungría, se opusieron a que Bruselas utilice como referencia el año 2005 para calcular el recorte del 20% de las emisiones de efecto invernadero para 2020. La petición choca con la oposición de la Comisión Europea (CE), que argumenta que antes de 2005 no se tenían datos precisos sobre las emisiones.

Mientras tanto, en París, la embajadora de España ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), Cristina Narbona, juzgó "excesiva" la interpretación realizada por técnicos de la propia OCDE que atribuyen un tercio de la subida de los precios de los alimentos al incremento de la producción de biocarburantes. Narbona vinculó más bien el alza experimentada por los precios de los alimentos al precio del crudo y a la especulación de los mercados. "Subidas como las registradas estos últimos meses no pueden explicarse por un aumento del suelo dedicado a biocarburantes", dijo la ex ministra española de Medio Ambiente. "No veo esa conexión en esos términos. No es que no exista conexión, pero no con la intensidad que he visto reflejada en algún análisis", agregó.