Sociedad

Valencia y Baleares restituyen la sanidad gratuita a los 'sin papeles'

  • Ambas comunidades, ahora gobernadas por la izquierda, devuelven a los inmigrantes irregulares el derecho que perdieron tras el decreto del Ejecutivo central de 2012

Los gobiernos autonómicos de Valencia y Baleares han restituido la sanidad gratuita a los inmigrantes irregulares, con lo que los denominados sin papeles volverán a tener derecho a la atención médica y prestación farmacéutica en las mismas condiciones que las disfrutan los españoles y los extranjeros que residen en ambas comunidades.

En Valencia, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, destacó ayer que la cobertura sanitaria gratuita a los inmigrantes en situación irregular que lleven al menos tres meses empadronados en la Comunitat Valenciana es un "derecho humano básico", además de una medida de prevención ante posibles epidemias y de "ahorro", dado que "la atención primaria es infinitamente más barata que la atención en urgencias hospitalarias".

Oltra hizo estas declaraciones en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, al ser preguntada sobre la nueva iniciativa que la Conselleria de Sanidad pondrá en marcha a partir de este lunes. "Es una de esas medidas que da gozo estar en un Gobierno que las toma", celebró la vicepresidenta.

Tanto en Valencia como la Islas Baleares, desde la próxima semana, las personas migrantes que han venido de otros países sin permiso de residencia y los autóctonos que se han ido de este país y se han quedado sin cobertura sanitaria, sean ciudadanos españoles o no, volverán a tener derecho a la tarjeta del Sistema de Información Poblacional (SIP) y a partir de lunes podrán a solicitar nuevamente esta tarjeta e iniciar el procedimiento para que se les asigne un médico de Atención Primaria.

Por su parte, la consellera de Salud del Govern balear de izquierdas, Patricia Gómez, explicó ayer que su departamento estima que unos 15.000 ciudadanos del archipiélago sin permiso de residencia podrán recuperar el derecho que perdieron por el cumplimiento del decreto aprobado por el Ejecutivo central en 2012. El portavoz del Govern, Marc Pons, resaltó que la retirada de la tarjeta a los residentes irregulares fue una decisión "económicamente ineficaz y socialmente cruel", por lo que la restitución del derecho era prioritaria para el Ejecutivo de coalición formado por PSOE y MÉS, que cuenta con el apoyo parlamentario de Podemos.

Gómez incidió en que no hay datos sobre el supuesto ahorro que supuso la supresión de la sanidad universal a los inmigrantes sin papeles y ha subrayado que, por contra, hay estudios que demuestran que su derivación a los servicios de urgencias como única alternativa para ser atendidos resultaba más caro que asignarles un médico de familia y que se beneficien de los servicios comunes.

Tendrán derecho al documento para acceder a la sanidad pública universal los extranjeros irregulares de países cuyos nacionales no están cubiertos por el sistema español, que no tengan la condición de asegurados o beneficiarios de cualquier otra administración y que carezcan de recursos económicos.

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