El impacto de la Covid-19 en el Sistema de atención a la Dependencia "ha sido catastrófico, retrocediendo en los indicadores importantes y generando mucho dolor, sufrimiento y muerte a miles de personas en situación de dependencia", según el informe del observatorio estatal de dependencia de la Asociación de Directoras y Gerentes en Servicios Sociales difundido este lunes.

En 2020, 51.540 personas han fallecido en las listas de espera de la dependencia, de las cuales 31.976 eran dependientes con derecho y 19.564 pendientes de valorar, de acuerdo con este informe, presentado en el XXVII Congreso de la Asociación.

El informe alerta de que, tras 14 años de implantación de la Ley de Dependencia, "cada nueve minutos fallece una persona en el laberinto burocrático de la ley, y 381.115 personas están abandonadas sin atenciones a la espera de la Ley de Dependencia", según se detalla en el informe.

El secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno de España, Nacho Álvarez, ha inaugurado la sesión presentando el análisis de la situación actual y las medidas en marcha para la recuperación. Álvarez ha insistido en la relevancia que tienen para la ciudadanía en este contexto de crisis social medidas como el plan de choque del Gobierno, la aprobación del ingreso mínimo vital y el aumento presupuestario del Sistema de Atención a la Dependencia.

La Administración General del Estado pasará de financiar un 19,9% al 26,5%, todavía por debajo del 50% que propone la ley. Se ha aumentado más de 600 millones de euros la financiación, con ello se pretende revertir los recortes del 2012 y atender a 66.305 nuevos beneficiarios reduciendo un 20% la lista de espera.

“La reducción de las listas de espera es crucial”, ha concluido en la presentación el secretario de Estado de Derechos Sociales del Gobierno.

También se ha propuesto la generalización de la teleasistencia, el incremento de la intensidad de la ayuda a domicilio, el incremento de las prestaciones de cuidadores familiares y que los beneficiarios puedan contar con más de una prestación simultáneamente.

Con la aprobación de los presupuestos generales del Estado y el comienzo del plan de choque, se inicia el cumplimiento del pacto de Estado por la dependencia que se firmó con motivo del décimo aniversario de la ley y los acuerdos de la reunión de presidentes autonómicos en 2017.

En las premisas para la gestión del incremento presupuestario se detalla que las autonomías no podrán reducir el presupuesto propio y aquellas comunidades que estén por debajo de la media nacional deberán incrementar su presupuesto para evitar la desigualdad territorial.

Un 3% de la población española no puede desarrollar las actividades básicas de la vida diaria sin apoyos, más de 1.352.632 personas se encuentran en situación de dependencia reconocida.

Además, se ha puesto de manifiesto que sigue sin evaluarse el impacto negativo de género que puede estar teniendo la feminización de los cuidados en la medida en que estos no son resultado de una libre elección. El 87% de cuidados están a cargo de mujeres.

El objetivo es invertir en un mejor sistema, que permita apoyar a las personas dependientes en su vida cotidiana, que posibilite conciliar a las familias, genere empleo y como consecuencia importantes retornos a las arcas públicas. "Es una de las medidas más inteligentes y demandadas que puede tomar un Gobierno actualmente en España", concluye el informe presentado.