Veinte años después de celebrarse por primera vez el Día Mundial contra el Sida se han dado grandes avances en los tratamientos para la enfermedad y se ha reducido la mortalidad, pero la discriminación y el estigma contra las personas infectadas sigue vigente.

Y ese es precisamente uno de los factores clave que impide el acceso universal a los tratamientos antirretrovirales capaces de dormir el virus y que hará muy difícil de cumplir el compromiso asumido por la comunidad internacional de proporcionar prevención, ayuda y tratamiento universales en 2010, según la alta comisaria de Derechos Humanos, Navi Pillay.

"Un tercio de los países del mundo todavía no tiene leyes para proteger a las personas que viven con el VIH, y en la mayoría de ellos sigue habiendo discriminación contra mujeres, homosexuales, trabajadoras del sexo, drogodependientes y minorías étnicas", afirmó Pillay con ocasión de la jornada contra el sida.

Cerca de 33 millones de personas viven actualmente con el virus del sida, pero dos tercios de ellas, especialmente en el continente africano, no tiene acceso a tratamientos.

Según los datos del último informe de Onusida, la agencia de Naciones Unidas especializada en el VIH-Sida, actualmente por cada dos personas que comienzan el tratamiento antirretroviral, se contabilizan aún cinco nuevas infecciones. De hecho, en los últimos 20 años, el número de infectados se ha triplicado, y sólo en 2007 la ONU calculó 2,7 millones de nuevas infecciones.

La gran prevalencia de enfermos o seropositivos sin acceso a tratamientos en África y los países pobres es uno de los aspectos más denunciados por la ONU.

"Es inaceptable que el accidente del lugar de nacimiento o residencia determine nuestras perspectivas de supervivencia al sida", subrayó la alta comisaria.

Las discriminaciones contra los seropositivos y enfermos son de todo tipo, desde las leyes punitivas cuando se descubren casos de infecciones, la criminalización de la transmisión del HIV o las prohibiciones de viajes para las personas con el virus.

También denunció Pillay la inadecuada protección para mujeres y niñas contra la violencia sexual, la marginación y hostilidad contra las minorías sexuales, trabajadores del sexo, drogadictos por vía intravenosa, presos y otros grupos vulnerables. Para la alta comisaria, "es crítica una respuesta basada en los derechos humanos para evitar nuevas infecciones por el VIH, y para mitigar el impacto de la epidemia".

En el mismo sentido se expresó en Ginebra la Unión Interparlamentaria, cuyo presidente declaró que "el acceso a un precio abordable, a los tratamientos antirretrovirales que han mejorado y alargado la vida de numerosas personas portadoras del VIH, es una cuestión que asocia derechos humanos, propiedad intelectual, comercio internacional y reglamentaciones".

Con el fin de empujar a los legisladores del mundo a actuar contra esta epidemia, la UIP ha publicado una guía para parlamentarios, 'Actuar contra el VIH y el sida', editada conjuntamente con Onusida y el PNUD, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Uno de los aspectos más positivos destacados es que en los últimos cinco años, casi 4 millones de personas de países en desarrollo tuvieron acceso a tratamientos antirretrovirales.

Y según un reciente estudio de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la práctica de efectuar pruebas de detección del sida de forma universal y voluntaria cada año, y la aplicación de un tratamiento inmediato en caso necesario, podría reducir en un 95 por ciento el número de nuevos casos en diez años.

Pero sus propios autores advierten de que esa conclusión está basada en datos teóricos y que habría que tener en cuenta aspectos como los derechos individuales, la resistencia a los fármacos, la toxicidad y los problemas de financiación.