Llevar un mínimo de 90 días empadronado en España o acreditar una situación de vulnerabilidad mediante un informe social son las condiciones que tendrán que cumplir los inmigrantes en situación irregular para acceder a la sanidad pública en las mismas condiciones que los españoles. Ésta es la propuesta presentada ayer por la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, a las comunidades autónomas y que se plasmará en un real decreto para modificar la reforma sanitaria aprobada en 2012 por el Gobierno del PP, que retiró la tarjeta sanitaria a los sin papeles (unos 840.000).

Montón quiso que su primer Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud como ministra estuviera dedicado exclusivamente a recuperar la universalidad de la sanidad pública, reunión criticada por los consejeros del ramo del PP al considerarla "demagógica" por ser una cuestión que ya habían resuelto las comunidades.

Con estos requisitos, un mínimo de 90 días en España o acreditar vulnerabilidad a través de un informe social, Sanidad quiere garantizar que no haya "ningún abuso" y que ningún ciudadano que lo necesite quede desatendido. La ministra admitió que tras la reforma del PP las comunidades han buscado soluciones para atender a los inmigrantes en situación irregular, pero de una manera "no armónica y desigual", por lo que consideró que ahora es el momento de "dar un paso adelante y construir de manera unitaria".

La reforma planteada por Sanidad trata de recuperar el derecho a la protección de la salud para este colectivo "en las mismas condiciones que las personas de nacionalidad española", vinculándolo al concepto de ciudadanía, mientras que desliga la atención sanitaria del concepto de asegurado, como establecía la reforma de 2012. Los consejeros socialistas celebraron la recuperación de la sanidad universal y coincidieron en que se trata de un tema de "voluntad política" y no económico, ya que, a su juicio, la exclusión de los sin papeles no ha supuesto ningún ahorro.

En el mismo sentido se pronunció Montón, que recordó que distintos organismos internacionales han constatado que la asistencia sanitaria a través de la Atención Primaria es "menos gravosa" que la que se realiza a través de los servicios de urgencias.

Por su parte, las comunidades gobernadas por el PP criticaron la ausencia de una memoria económica, porque, según sus estimaciones, volver a atender a los inmigrantes en situación irregular tendría un coste de 1.200 millones. Todos ellos coincidieron en que no era necesaria la modificación, ya que la asistencia sanitaria a este colectivo ya está garantizada de "una u otra forma" por las distintas comunidades.

Por el contrario, la consejera de Salud de Andalucía, Marina Álvarez, subrayó que "la universalidad no es un asunto económico sino político" y argumentó que la mayoría de la población inmigrante "es joven y sana y no hace mucho uso de los servicios sanitarios".