Prestaciones

Todas las claves de la nueva ayuda extraordinaria para personas en paro

Miles de personas han agotado su subsidio durante la pandemia y ahora no encuentran trabajo.

Miles de personas han agotado su subsidio durante la pandemia y ahora no encuentran trabajo.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social está ultimando con los sindicatos y las organizaciones empresariales un subsidio extraordinario que podría rondar los 430 euros al mes durante tres meses para el más de medio millón de los desempleados que entre el 14 de marzo y el 30 de septiembre hayan consumido su prestación por desempleo.

Dos colectivos afectados

Una mesa específica derivada del II Acuerdo Social en Defensa del Empleo se está encargando de negociar, a falta de concretar aún muchos detalles, esta mejora de la protección que sigue un doble camino.

Por un lado, para las personas que estaban en situación de desempleo y consumieron su prestación o su subsidio y no han podido encontrar un nuevo trabajo (y no se prevé que sea fácil encontrarlo ahora, en medio de la tormenta de la crisis). Por el otro, también a unos 150.000 trabajadores que están sujetos a contratos a tiempo parcial suspendidos durante la pandemia, para que las cuantías de las prestaciones que perciben se equiparen a las de los trabajadores que no sufren esta parcialidad en los contratos, ya que existe un agravio (las ayudas económicas son menores) respecto a los trabajadores sin temporalidad inmersos en alguno de los miles de ERTE que ha traído la pandemia.

La medida para estos casos será probablemente un recálculo de sus prestaciones, que se compensaría en una paga final por el montante dejado de percibir estos meses.

No hay nada cerrado aún sobre estas nuevas medidas, aunque desde todas las partes se tiene claro que es imprescindible acometerlas para proteger también a estos colectivos, que en el caso de los trabajadores temporales en ERTE afecta mayoritariamente a mujeres (el 75%, aseguran los sindicatos).

Según los cálculos preliminares, el subsidio de 430 por tres meses supondría un coste total de unos 710 millones de euros, al que deberá dar su visto bueno, una vez que se concrete, el Ministerio de Hacienda.

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