El obispado de Vitoria reconoció ayer que en 2010 tuvo conocimiento de un supuesto caso de abusos sexuales a un niño en la parroquia de Los Ángeles de la capital alavesa en 1983, que fue denunciado por la víctima pero que se archivó porque había prescrito.

El obispado remitió un comunicado en el que admite que en abril de 2010 la presunta víctima remitió una denuncia por burofax al obispo en la que acusaba a un fraile dominico de los abusos ocurridos 27 años antes, en 1983.

El obispo, Miguel Asurmendi, comunicó al denunciante que había puesto el caso en manos del Tribunal Diocesano para iniciar la investigación previa de los hechos. Posteriormente, la presunta víctima fue citada a declarar por dicho tribunal y se ratificó en lo denunciado.

El instructor de la causa le informó de que podía denunciar los hechos por la vía penal, aunque éste manifestó que "no se lo planteaba", según la nota del obispado.

Una vez concluida la investigación previa, se envió la documentación al padre provincial de la Orden de Predicadores, ya que el Tribunal Diocesano no tiene jurisdicción sobre el caso. El resultado de la misma, según precisaron ayer fuentes del obispado, es que se archivó el caso debido a que los hechos denunciados no eran objeto de juicio canónico porque habían prescrito en 1995.

Los dominicos señalaron en su resolución que la presunta víctima incurrió en "incoherencias", según añadía ayer el diario El Mundo, que explicaba que el denunciante se quejó también de que el entonces párroco de Los Ángeles presuntamente minimizó los abusos que él le relató.

Fuentes de esta orden defendieron sin embargo la trayectoria del párroco y señalaron que "de ningún modo es una persona que trivializa, relativiza o muestra tibieza ante el abuso sexual de menores".

El obispado de Vitoria aclaró, por su parte, que el denunciado lleva fuera de esta diócesis más de dos décadas, y añadió que "cualquier delito contra la libertad sexual supone una grave alteración del orden moral y un repugnante atentado contra la dignidad humana, y lo es aún más en los casos en los que afectan a menores, y cuando los responsables son personas consagradas". "Nuestro rechazo es rotundo sin el más mínimo paliativo", apuntó.

Estos hechos se han conocido después del caso de un supuesto abuso sexual por parte de varios sacerdotes contra un menor en Granada, que está siendo investigado por la Iglesia y por la Justicia española, y por el que el Papa pidió perdón en nombre de la Iglesia.