Ya estamos volviendo a una relativa normalidad, eso es cierto. Vamos al taller, a la peluquería, a comprar, al dentista... Sin embargo, para poder hacerlo con garantías de seguridad, tanto para empleados como para clientes, hay que adoptar ciertas medidas especiales de higiene y desinfección.

La pequeña empresa abre con nuevos protocolos adicionales a antes de la crisis y se acopia del material correspondiente (mascarillas, geles...). Algunas los incluyen en sus cuentas pero otras pretenden que lo pague todo el cliente.

Está claro que esas medidas suponen un esfuerzo de tiempo y dinero que, al parecer, por regla general, se le está cargando al consumidor con la llamada nueva tasa covid, que ya está comenzando a aparecer en las facturas de comerciantes y autónomos en concepto de peligrosidad por su exposición al coronavirus a medida que van reabriendo los comercios.

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está recibiendo últimamente numerosas quejas de usuarios, que también utilizan otros medios como las redes sociales, para expresar su desacuerdo por el cobro de suplementos de los servicios de desinfección de algunos centros. Sobrecostes que puede oscilar desde el 1,50 euros hasta incluso los 60 euros.

Abuso de consumo por coronavirus

Este coste adicional que supone limpiar diariamente un establecimiento o, por ejemplo, desinfectar un vehículo antes de repararlo, o poner a disposición de la clientela guantes o gel hidroalcohólico, nos puede parecer injusto y exagerado pero, según la OCU, es legal. No obstante esta tasa tiene sus matices:

• El consumidor debe previamente ser informado de ese aumento en el precio.
• Se debe solicitar su consentimiento expreso.
• El coste del servicio debe ser ajustado al precio real.
• El coste debe ser proporcional para considerarse una buena práctica empresarial, es decir, ha de ser repartido entre quien ofrece el servicio y quienes lo disfrutan. 

Por tanto, en base a estos requisitos, cobrar hasta 60 euros por una desinfección podría llegar a considerarse abusivo aunque se hubiera advertido con antelación de ello. En una situación como la expuesta, la OCU recomienda rechazar el servicio antes de que se produzca. Y, en el caso de que la empresa hubiera intentado cobrar un alto precio sin que el cliente haya sido advertido previamente, lo aconsejable es denunciarla sin sentirnos culpables de ello.

En todo caso, la Organización de Consumidores y Usuarios recuerda que la ciudadanía puede informar de cualquier incidencia de precios en relación con la crisis del coronavirus a través del correo electrónico controldeprecios@ocu.org con el fin de dar rápidamente traslado a las administraciones competentes, que pueden ser autonómicas o municipales.