Un total de 2.761 personas están encarceladas por delitos sexuales y solo 230 de ellos (poco más del 8%) participa de forma voluntaria en los programas terapéuticos y de rehabilitación que Instituciones Penitenciarias tiene en marcha desde hace dos décadas para evitar la reincidencia.

"El principal reto de cualquier sistema penitenciario es conseguir que los presos salgan en mejores condiciones de las que entraron. En la medida en que esto no se consiga, el sistema fracasa", dice en una entrevista con EFE el secretario general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz.

Margen de mejora

Pese a hechos tan graves como el asesinato de Laura Luelmo a manos de Bernardo Montoya, que había salido de la cárcel dos meses antes, el secretario general considera que la institución penitenciaria española está internacionalmente "bien valorada", pero hay margen de mejora.

Y puede hacerse, según Ortiz, insistiendo en los programas de tratamiento; en una mayor dotación de personal especializado, que ahora es insuficiente, y en la creación de condiciones idóneas para que el condenado se preste voluntariamente a esos programas.

Un tercio de perfiles de difícil inserción

Los últimos datos disponibles cifran en 69% el porcentaje de reclusos que no vuelven a delinquir, pero todavía hay un 31% de "perfiles de difícil reinserción".

Y sobre los que se tiene "casi toda la seguridad de que al salir van a seguir delinquiendo", el máximo responsable de Prisiones defiende la aplicación de la libertad vigilada, una medida del Código Penal relativamente nueva y que establece once posibilidades de control para este tipo de presos.

"Uno de los retos importantes es hacer eficaz esa libertad vigilada", pero para ello se necesitan los "recursos necesarios" y que se despejen las dudas sobre la administración competente en la aplicación de cada medida de control, enfatiza.

Ortiz se refiere también en la entrevista a EFE a los internos por violencia de género, que ascienden a 3.927, de los que 496 (en torno al 13 por ciento) participan de forma voluntaria en programas de tratamiento. A ellos se suman las 4.000 personas con condenas muy cortas que no llegan a entrar en prisión al someterse a cambio a estas terapias.

Prisiones demanda más profesionales también en este ámbito y está firmando convenios con ayuntamientos, como el de Madrid, para que aporte psicólogos a estos programas. Además, Instituciones Penitenciarias negocia más dotaciones con la delegación de Gobierno para la Violencia de Género.

"Se trata de que todos los condenados puedan hacer estos programas", señala Ortiz, quien avanza que su departamento trabaja en la creación de un "microprograma" más flexible para que los condenados con penas cortas -muchas de seis meses por quebrantamiento de la orden de alejamiento- se acojan, ya que las terapias actuales tienen una duración de un año.

Terceros grados y semilibertad

Quiere Ortiz también potenciar la concesión de terceros grados o régimen de semilibertad, con los controles necesarios a estos presos. Con ello, España pretende acercarse a los países de su entorno e, incluso a Cataluña, que tiene transferidas las Prisiones.

Mientras que en los centros dependientes de la Administración central los reclusos en tercer grado representan el 16 por ciento del total, en Cataluña se elevan al 22 % y en algunos países europeos superan el 25 %.

Lamenta Ortiz que España sea el tercer país de Europa con la mayor estancia media en prisión, a pesar de contar con un más bajo índice de criminalidad, y recuerda que el sistema penal español es de los más rigurosos y con penas que pueden llegar hasta los 40 años.

Los obstáculos

Aun así, la población penitenciaria ha disminuido en los últimos diez años y ha pasado de los 63.000 presos en 2008 a 50.600 en la actualidad, lo que ha permitido que, a pesar de la reducción de la plantilla de funcionarios, la ratio haya bajado de un trabajador por cada 5,6 internos a 4,3.

Con todo, Prisiones ha lanzado este año la mayor oferta pública de empleo de los últimos tiempos con 956 plazas, 831 de ellas para el cuerpo de ayudantes, que se cubrirán en el primer semestre del año para paliar buena parte de las todavía 3.000 vacantes.

En materia de personal, uno de los mayores problemas, "y de difícil solución" según Ortiz, es la cobertura de médicos en el ámbito penitenciario, con 160 vacantes, porque aunque se sacan plazas no son "apetecibles" para este colectivo, también deficitario en general en España.

También en el ámbito sanitario, Ortiz recuerda que una ley de 2003 prevé la transferencia de la sanidad penitenciaria a las comunidades autónomas, pero solo cuenta con ella el País Vasco.

No obstante, ya hay "conversaciones serias" con Navarra y se han iniciado los contactos con la Comunidad Valenciana, Cantabria y Baleares.

Respecto a las reivindicaciones de los sindicatos de prisiones, Ortiz reitera que es "difícil, por no decir imposible", una subida salarial que complemente a la firmada en marzo para todos los funcionarios.

Sí se está atendiendo la demanda de un protocolo contra las agresiones a los trabajadores de Prisiones, si bien Ortiz recuerda que España está "muy por debajo" de otros países europeos y, dentro del territorio, de otros colectivos como los profesores.

De todos modos, no sobrepasan las 300 y de ellas, solo seis fueron graves el año pasado, cuando no se registró ninguna muy grave.