Entre el 22 y el 25% de los 70.000 presos de las cárceles españolas sufren un trastorno psiquiátrico grave -casi uno de cada cuatro- pero en la sanidad penitenciaria "faltan psiquiatras y medios" para atenderlos. Además, el 40% de los reclusos padecen algún tipo de enfermedad relacionada con los trastornos mentales y la mitad de éstos tienen problemas vinculados a las drogas. Ante esta "problemática", el presidente de la Sociedad Española de Salud Penitenciaria (SESP), Julio García Guerrero, exige, una vez más, que los servicios sanitarios de las prisiones españolas se integren en el Sistema Nacional de Salud (SNS).

De este modo, señala la atención que reciben los internos sería al menos "equivalente" a la de cualquier ciudadano español, como determina la Constitución. García ha participado en unas jornadas organizadas por la Organización Médico Colegial (OMC), en las que se ha denunciado que la sanidad penitenciaria sea una "parcela aislada" en la atención que se presta al conjunto de la sociedad española.

Tanto la Ley General de Sanidad, de 1986, como la de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, de 2003, exigen que esta competencia, aún en manos del Ministerio del Interior, se transfiera a las Consejerías de Salud de las autonomías, algo que sólo ha ocurrido en Cataluña, mientras que Navarra, Aragón y Andalucía están trabajando para organizar la coordinación entre sus servicios sanitarios y la atención que ofrecen en prisiones.

García recuerda que estos profesionales sanitarios -unos 1.500 en el conjunto del Estado- cobran un 20% menos que el resto de los facultativos del sistema público y, sin embargo, atienden a una población con múltiples enfermedades mentales, toxicomanías y enfermedades infecciosas. Se trata de una "carrera contrarreloj" a la que se añade que "no están entrando nuevos profesionales", lo que debe servir para "presionar" a las comunidades ya que los médicos y enfermeros que trabajan en las cárceles españolas tienen una media de edad de unos 50 años, destaca el subdirector general de Coordinación de Sanidad Penitenciaria, José Manuel Arroyo.

Por su parte, el presidente de la OMC, Juan José Rodríguez Sendín, apuesta por "subir a la agencia pública" este problema de la sanidad penitenciaria para que los reclusos puedan "ser atendidos en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos" y, asimismo, "los médicos y enfermeros se incorporen al SNS como cualquier otro profesional". Además, esta integración en el SNS es necesaria porque los reclusos "pacientes muy especiales", muchos de ellos jóvenes y con un alto índice de enfermedades infecciosas, como el VIH o la hepatitis.

Pese a todo, asegura a Efe Arroyo, las enfermedades mentales han pasado a ser las más prevalentes en las cárceles españolas. Esto se debe a que se han desarrollado diferentes iniciativas para frenar el número de contagios por VIH, como el reparto de preservativos o la implantación de programas para evitar el uso compartido de jeringuillas, explica el profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad de León, Vicente Sánchez, entre otras mejoras higiénicas o programas de mantenimiento con metadona.

Por su parte, el ex coordinador de la Comisión de Prisiones de la Coordinadora Estatal Cesida, Fernando González Culler, resalta que el 26% de los presos padecen VIH positivo y el 42% reconoce haberse infectado en la cárcel. Además, entre 2004 y 2007 fallecieron en las prisiones españolas un total de 772 personas a causa del sida. "Aunque el acceso a las terapias antirretrovirales está más normalizado, en 2002 apenas las recibían el 8% de los reclusos con VIH", asegura González Culler.

"Pedimos al Gobierno que se trate a los internos como se trata al común de los ciudadanos", asevera García, para confesar que el principio de "equivalencia" entre ciudadanos "se puede estar viendo vulnerado". Arroyo culpa a las comunidades autónomas de que, tras seis años de aprobación de la Ley de Cohesión, este traspaso de competencias no se haya producido.

García indica que desde la SESP se ha intentado concienciar de este problema a todos los estamentos oficiales relacionados de algún modo con la sanidad penitenciaria, entre ellos a la OMC, así como a las distintos partidos políticos y organismos administrativos con influencia en la vida política.

La inacción administrativa, porque "éste es un problema de voluntad política", matiza, es causa de discriminación en una doble vertiente: tanto para las personas privadas de libertad como para los profesionales médicos que prestan esa asistencia. No obstante, el presidente de la SESP concluye que las prestaciones sanitarias de las prisiones del país son "notables" en algunos aspectos y "comparables" a las de otros países europeos.

La atención sanitaria de la población reclusa podría no ser equivalente a la población en general por una serie de deficiencias que se resumen como: incumplimientos de convenios en las comunidades autónomas, insuficiencia de plantillas, altos costes de la atención sanitaria en prisión, estructura jerárquica que debilita la independencia de los médicos y problemas derivados de la seguridad de los establecimientos, concluyen los expertos.