De las 1.071.000 personas que han sido reconocidas como dependientes hasta el 1 de abril de 2011, 720.770 ya reciben la prestación correspondiente, lo que significa que 350.230 se encuentran aún a la espera, alrededor de un tercio del total. Son datos que ha adelantado la secretaria general de Política Social, Isabel Martínez, y la directora del Imserso, Purificación Causapié, en una rueda de prensa en la que han presentado las estadísticas de la aplicación de los cuatro primeros años de la ley de dependencia.

Isabel Martínez ha señalado que el tiempo medio de espera de los dependientes desde que se les reconoce su derecho a la prestación hasta que la reciben ha bajado diez puntos en el último año, por lo que ha hecho una valoración favorable de la aplicación de la norma. El Estado ha aportado hasta finales del pasado año un total de 5.390.510.668 euros para financiar la atención a la dependencia, lo que supera, según Martínez, en más de un 60 por ciento lo previsto en la memoria económica como aportación de la Administración General del Estado.

Martínez ha recordado que el Gobierno ya aprobó en Consejo de Ministros un real decreto por el que limita a los seis meses ese tiempo de espera, pero ha reconocido que no se aplica en todas las autonomías por igual. En el conjunto de España, según las estadísticas presentadas con fecha del 31 de diciembre que abarcan los cuatro años desde que se aprobó la ley, el 1,42 por ciento del total de población es beneficiario de prestaciones de la ley de dependencia, con disparidad de datos por comunidades. Destacan por encima de la media estatal Andalucía (2,18 por ciento), Cantabria (2,34) y La Rioja (2,38); por el contrario, Canarias (0,43 por ciento), la Comunidad Valenciana (0,72 por ciento) y la de Madrid (0,77 por ciento) se encuentran a la cola en cuanto a la aplicación de la norma. El 56,65 por ciento de los dependientes sufre una enfermedad mental o es discapacitado intelectual, mientras que el 43,35 por ciento tiene alguna discapacidad física y del total de las personas beneficiarias con prestación el 67,01 por ciento es mujer y el 32,99 por ciento, hombre.

El perfil del dependiente responde a una mujer mayor de 80 años, residente en una localidad de más de 50.000 habitantes, valorada en situación de gran dependencia (de grado III) perceptora de pensión de viudedad de la Seguridad Social, con una renta media situada entre uno y dos del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) y con una vivienda en propiedad. Así, el 63,83 por ciento de las mujeres beneficiarias tiene más de 80 años, en cambio entre los hombres son menos de la mitad los mayores de esa edad (40,78 por ciento). Casi el 80 por ciento de los beneficiarios (77,92 por ciento) tienen 65 años o más, y más de la mitad del total (56,23 por ciento) tienen 80 o más años. Respecto a los menores de tres años, actualmente en el sistema hay 2.492, y la mayoría de ellos tienen una valoración de gran dependencia, además, el 55 por ciento son niños.

No todas las personas en situación de dependencia residen en las grandes ciudades, ya que alrededor de 200.000 de los beneficiarios viven en entornos rurales. Las estadísticas reflejan que cuatro de cada cinco personas reconocidas como grandes dependientes reciben ya las prestaciones, al igual que el 70 por ciento de los dependientes severos (grado II): 386.093 con grado III y 282.311 con grado II. A fecha del 1 de enero se prestaban 414.277 servicios y 385.732 prestaciones económicas, del total de estas últimas 384.985 son de cuidados de ámbito familiar.

Según disminuye el grado y nivel de dependencia, se incrementa la prestación de servicios en domicilio (ayuda a domicilio y teleasistencia), así como la prestación de cuidados en el entorno familiar. Respecto a los servicios de atención residencial, se prestan especialmente a personas con elevada dependencia y fundamentalmente a mujeres. Los datos presentados muestran también que sólo el 0,36 por ciento de los beneficiarios son extranjeros (2.415 personas).