La última actuación se ha cerrado esta misma mañana con un grupo de 12 inmigrantes, según han precisado desde la ONG.

Los equipos de respuesta inmediata ante emergencias (ERIE) se han activado en las instalaciones del puerto de Almería en un total de 17 ocasiones, según ha indicado a Europa Press un portavoz de la ONG.

El alto tribunal andaluz estima parcialmente los recursos de apelación de las defensas y fija en cuatro años, la mínima prevista para un delito agravado contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, la pena privativa de libertad.

Todas estas operaciones fueron coordinadas por el centro de Salvamento Marítimo en Almería.

La embarcación de fibra y cuatro metros de eslora, fue interceptada en la tarde del pasado día 5 de julio. Iba dotada con un motor fuera borda de 40 cv de potencia y en su interior viajaban los nueve ciudadanos argelinos y el arrestado.

El fallo del alto tribunal andaluz desestima el recurso de apelación contra la sentencia de instancia, que declaró probado que los acusados A.H. y M.R. promovieron de “forma directa la inmigración clandestina” de los ocupantes de la embarcación, con la intención de “enriquecerse ilícitamente”.

Obtuvo más de 1,2 millones de euros de beneficios utilizando embarcaciones precarias, tipo patera, con las que trasladaban a migrantes para su entrada en costas españolas.

Los hechos han ocurrido en la mañana de este miércoles cuando el buque mercante Express Vesubio ha localizado a una persona en el mar, a unas 25 millas de la costa, que informó de que viajaba en una pequeña embarcación junto a otras 16 personas.

Fuentes de la ONG han informado a EFE de que desde este lunes los ERIE han sido activados para atender a un total de siete grupos de entre 5 y 13 personas en las instalaciones del Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) del puerto de Almería.

Así lo indica el fallo de apelación dictado por el Alto Tribunal andaluz, en el que estima parcialmente el recurso de una de las defensas que alegó contra la falta de motivación de las penas impuestas a los pateristas ante un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros castigado con entre cuatro y ocho años de prisión.