Asegura que desconocía la apropiación del dinero por parte de su marido, aunque reconoce que tenían piso en la playa, un barco, un coche de caballos compartido y que viajaban una o dos veces al año al extranjero. A pesar de este ritmo de vida, afirma que "no ha observado que su marido haya llevado una vida con unos medios económicos superlativos" en relación a su nómina en la empresa pública de limpieza.

El jefe del servicio jurídico afirma que la empresa tenía "cientos de controles" para evitar el fraude, pero el sistema empleado era "prácticamente imposible de detectar".

Se trata del primer responsable político que declara en el juzgado por estos hechos, después de que el juez aplazara la comparecencia del alcalde, Juan Espadas, en su condición de presidente del consejo de administración y de la comisión ejecutiva.

La gerente de la empresa, Virginia Pividal, asegura que el investigado hizo “apuntes contables falsos” para apropiarse de más de un millón.

El PP advierte de que las calles están más sucias y que el mal olor aumenta con el calor, y el gobierno le acusa de hablar con "desconocimiento y demagogia".

También se opone a que Espadas declare por videoconferencia.

La formación se opone además a que Espadas pueda declarar mediante videoconferencia.

Las bolsas se acumulan alrededor de los contenedores, lo que da una imagen degradada del barrio y genera molestias y malos olores a los vecinos. El portavoz del PP recuerda que el plan piloto de limpieza que se aplicó en la zona ha fracasado.

La obra beneficia a las barriadas de Pino Montano, San Diego, Los Carteros, Los Príncipes, Villegas y Santa Justa y Rufina con unos 500.000 euros de inversión y tras el consenso con los vecinos.

Los empleados de Lipasam denuncian al Ayuntamiento ante Trabajo al entender que no cumple lo pactado para las personas con patologías previas.