Juan es fresero, hijo de fresero. Su finca de poco más de 7 hectáreas se encuentra en el término municipal de uno de los municipios afectados por la regulación de regadíos aprobado recientemente por el Parlamento Andaluz. Es una explotación unitaria, una misma entidad en términos operativos pero que sin embargo catastralmente ocupa varias parcelas unidas. Es una realidad muy común en el Condado de Huelva, donde no hay grandes extensiones ni latifundios. Su finca vive en un limbo sorprendente. Casi la mitad de su superficie está reconocida como regadío de forma oficial, el resto quedó fuera de la revisión de 2014 en el Plan de la Fresa que ahora cuestiona la nueva normativa en tramitación. Toda ella está en explotación, razón por la que no identifica su ubicación ni se llama Juan, nombre ficticio porque “si se sabe quien soy tengo una inspección mañana”. Teme lo que considera “una persecución a los agricultores del Condado de mucha gente que no sabe ni donde está Doñana”.

La proposición de Ley presentada por PP y Vox para regular varios cientos de hectáreas de regadíos en los municipios de Rociana, Bonares, Lucena, Moguer y Almonte es “la única solución que tengo para que de una vez me lo resuelvan”, sostiene quien asegura que lleva “desde 2014 moviendo papeles de un lado para otro intentando que me lo resuelvan”. Como prueba muestra documentos con más de 20 años donde se verifica el uso como regadío de las explotaciones y la imagen aérea que sirvió de referencia para la delimitación de las parcelas de regadíos hace una década. “Estas tierras llevan como regadíos desde 1983, tengo documentos oficiales del ayuntamiento que me reconoce los derechos desde 1997… Se ha sembrado siempre, siempre ha sido regadío”. Sin embargo, “cuando se tomó la imagen hay una parte que seguía con lomos reconocibles y otra que no se aprecia que es la que se ha quedado fuera. Es un sinsentido”.

Este agricultor reconoce que “tengo vecinos en situación similar e incluso alguno que tiene un porcentaje mayor de su tierra fuera de la regulación”. Su finca se nutre actualmente de los pozos que tengo… Y que nadie dude que son legales porque tiene su contador y están autorizados”. Sin embargo, su uso debería quedar restringido a la superficie que está reconocida como regadío. Si lo hace “me voy a mi casa porque con la mitad de la parcela no compensa”. De su tierra viven “unas 20 familias todo el año. Me gustaría que los que dicen que queremos aprovecharnos para aumentar los regadíos vengan aquí y nos lo diga a la cara”. La estimación es que hay unas 650 explotaciones afectadas de forma total o parcial como es su caso. La superficie total rondaría las 1.600 hectáreas.

De momento “no veo alternativa” al agua de los pozos porque “llevan ya muchos años mintiéndonos con el trasvase que no llega. Ojalá lo hicieran ya porque estaría encantado de abrir un grifo y tener el agua garantizada, pagar mi recibo y olvidarme de los quebraderos de cabeza de los pozos”. Responde a quienes lo acusan de querer acabar con Doñana que "todo se ve muy fácil desde Madrid o Bruselas. No tienen ni idea de lo que hablan. Hay políticos que hablan mucho y no saben situar Doñana en un mapa. Si de verdad les preocupa deberíamos dedicarse a resolver el trasvase y asegurarnos el agua superficial".  

Imagen aérea de una finca afectada por la regulación de regadíos.

La estimación de las asociaciones agrícolas es que “solo se verían afectadas por la regulación unas 750-800, que es prácticamente la mitad”, defiende Julio Díaz, portavoz de la Plataforma en Defensa del Regadío que secunda la norma. En clara oposición se encuentra Puerta de Doñana, que agrupa a regantes de Almonte. Argumentan que “no hay agua para añadir más hectáreas de regadío”. Los defensores de la ley sostienen que ésta queda supeditada a la llegada de forma superficial a través del trasvase aprobado y pendiente. “Es mentira porque si se meten todas las hectáreas que quieren regularizar nos quedamos sin agua nosotros en Almonte, que estamos más lejos. Ni con el trasvase hay agua suficiente para todos”, responde Manuel Delgado. Añade además que “desde que se aprobó el plan de la Fresa se han resuelto más de 600 incidencias. Las fincas que estén afectadas y lo puedan argumentar tienen recursos para corregirlo”. Anticipa que “no descartamos acciones legales”.

La aprobación de la nueva norma ha generado un terremoto político en un escenario preelectoral, con acusaciones partidistas, denuncias e intervenciones del Gobierno central y de la Unión Europea. La proposición de ley cuenta con el rechace de las autoridades científicas y de los grupos ecologistas. Es además la causa de un enfrentamiento dialéctico entre los propios regantes. Díaz califica el clima como “demencial, porque se ha generado un relato de informaciones falsas que solo buscan desprestigiar y manchar la imagen de los agricultores de Huelva”. Insiste en que “lo único que defendemos es que se resuelva la chapuza de 2014, cuando se dejó a cientos de familias del Condado colgados”. Propone además “utilizar el agua de las EDAR de la zona y completar el trasvase. Doñana no se va a tocar, al revés. Si se lleva a cabo nuestra propuesta se va a liberar el acuífero de la presión actual”. La Plataforma lamenta que “parece que los agricultores son los culpables de todo, cuando nadie se plantea hablar de los arroceros del Guadalquivir, la falta de agua del Guadiamar o Matalascañas”. Díaz incide en que “es la salvación para más de 1.500 agricultores afectados”.