La UE refuerza el cargador común y actualiza el diseño para una mayor eficiencia energética

La Comisión Europea ha aprobado este lunes una actualización de las normas de diseño ecológico para los cargadores de dispositivos electrónicos que permitirá reducir en un 3% su consumo energético de aquí a 2035, lo que equivale a la energía utilizada anualmente por unos 140.000 coches eléctricos.

La medida se centra en las fuentes de alimentación externas (EPS, por sus siglas en inglés), los adaptadores que cargan teléfonos móviles, ordenadores portátiles, routers inalámbricos o monitores, de los que cada año se venden más de 400 millones de unidades en la Unión Europea.

Actualmente, los aproximadamente 2.000 millones de cargadores en uso en la UE consumen alrededor de 11,6 teravatios hora (TWh), lo que supone el 0,5% del consumo eléctrico final europeo.

Nuevas exigencias técnicas

La revisión acordada establece que los cargadores deberán cumplir estándares más altos de eficiencia energética, consumir menos electricidad tanto en uso como en reposo, y ser más sostenibles en su ciclo de vida.

Entre las principales novedades técnicas se incluyen requisitos mínimos de eficiencia al 10% de carga para dispositivos de más de 10 vatios, límites más estrictos de consumo en modo de espera para bases de carga inalámbrica, y la obligatoriedad de cables desmontables para aumentar la durabilidad.

Bruselas estima que la nueva normativa permitirá reducir un 9% las emisiones de gases de efecto invernadero y un 13% las emisiones contaminantes asociadas a su fabricación y uso.

Estas cifras se calculan considerando tanto las emisiones durante el uso del cargador como las generadas en su proceso de manufactura.

El cargador común se extiende

Además, la reforma refuerza la política del cargador común europeo, iniciada con la revisión de la Directiva de Equipos Radioeléctricos. Todos los cargadores USB comercializados en la UE deberán incorporar al menos un puerto USB tipo C y utilizar cables desmontables, lo que facilitará su reutilización entre distintos dispositivos y reducirá residuos electrónicos.

La nueva normativa amplía además los requisitos de interoperabilidad a cargadores inalámbricos, dispositivos de carga de baterías monocelda, inyectores PoE activos y fuentes de alimentación USB independientes.

Se estima que entre un 35% y un 40% adicional del mercado europeo de cargadores se volverá interoperable gracias a estas medidas, sumándose al 50% que ya lo era por la normativa anterior.

Los dispositivos que cumplan con las nuevas normas de interoperabilidad llevarán el logotipo oficial del Cargador Común de la UE, un elemento visual distintivo que ayudará a los consumidores a identificar qué cargadores son compatibles con sus aparatos.

Beneficios económicos y ambientales

"Contar con cargadores comunes para nuestros teléfonos inteligentes, portátiles y otros dispositivos que usamos a diario es una decisión inteligente que sitúa a los consumidores en primer lugar, al tiempo que reduce el despilfarro energético y las emisiones", afirmó en un comunicado el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen.

La Comisión calcula que los consumidores ahorrarán unos 100 millones de euros anuales gracias a la mayor eficiencia y compatibilidad.

Este ahorro se debe tanto a la reducción del consumo eléctrico como a la menor necesidad de adquirir nuevos cargadores con cada dispositivo. Los costes de ciclo de vida para la sociedad se estiman en unos 130 millones de euros anuales de ahorro.

Además, la interoperabilidad incrementará significativamente la comodidad de los usuarios, al garantizar que los cargadores puedan reutilizarse con diferentes dispositivos y sustituirse fácilmente en caso de avería o pérdida.

Calendario de aplicación

Los fabricantes tendrán un plazo de tres años para adaptarse a la nueva normativa, por lo que las nuevas exigencias serán plenamente aplicables a finales de 2028.

El reglamento se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea en las próximas semanas y entrará en vigor 20 días después.

La Comisión prevé una revisión de la normativa cinco años después de su adopción, cuando se evaluará su efectividad basándose en datos de mercado y otra información relevante.