La Ley General de Comunicación Audiovisual, las futuras reglas del juego mediático, fue aprobada ayer por el Consejo de Ministros, tras haber recibido el visto bueno el inicial borrador en junio. Con la nueva legislación las cadenas pueden destinar a producciones televisivas externas el montante que hasta ahora se destinaba a la proudcción de películas; queda prohibida la emisión en abierto de pornografía o violencia gratuita; y se da paso a la creación de un Consejo Estatal de Medios Audiovisual. El Congreso y el Senado tendrán ahora que ratificar el texto.

La vicepresidenta Maria Teresa Fernández de la Vega señalaba ayer tras la aprobación que la futura ley se había convertido en "asignatura pendiente de la democracia" y reglamentaba un sector que había sido afectado de forma importante por la crisis. Con la nueva legislación se reglamenta la TDT de pago, servicio aprobado este verano y que viene a estimular económicamente a las cadenas, aunque han surgido voces discrepantes como la del Grupo Prisa. Asimismo se regula la TV en movilidad, la alta definición y la interactividad.

Sobre el borrador inicial, la Comisión Nacional de la Competencia, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones o la Asociación de Usuarios de la Comunicación expusieron sugerencias, algunas de las cuales se han atendido, como una menor competencia del Consejo de Medios. A cambio de poder financiar series, animación o documentales además del cine, con el 5% de los ingresos de las cadenas como se venía haciendo hasta ahora, la nueva ley fija que los operadores, o conjunto de canales, tienen que reservar la mitad de su tiempo, como mínimo, a producciones europeas y a su vez, la mitad de ese tiempo tiene que emitirse en alguna lengua del Estado. Un 10% deben ser de contenidos de productoras y otro 10% producción reciente. Todas las generalistas cumplen con creces ya actualmente estas limitaciones. Las cadenas públicas a partir de ahora deberán destinar a cine y series europeas un 6%, cantidad de la que un 60% es para películas. Las licencias de los operadores se amplían de 10 a 5 años (con renovaciones automáticas si no se indica lo contrario seis meses antes de la extinción) y se permite arrendar o ceder las frecuencias.

La futura ley es muy escrupulosa con el tipo de contenidos, velando por los derechos del espectador, sobre todo de los menores. Los ciudadanos pueden "exigir ante las autoridades" que actúen cuando lo que se ofrece no se atiene al ordenamiento constitucional. La pornografía o la violencia extrema sólo se puede ofrecer en codificado, con control de los padres, y en horario nocturno. Se contemplan sanciones de hasta 1 millón.