La Fiscalía pide cinco y tres años de prisión para dos funcionarios del Ayuntamiento de Vélez-Málaga por falsear supuestamente dos documentos públicos en unas oposiciones, según informó ayer la Cadena Ser Axarquía.

Uno de ellos es auxiliar administrativo en el Consistorio de la capital axárquica y el Ministerio Público solicita cinco años de prisión y cinco de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Según consta en el escrito de acusación, éste se presentó a un concurso oposición para una bolsa de empleo temporal para ejercer como abogado de la Diputación Provincial de Málaga, y tras superar las pruebas iniciales, presentó dos certificados para la valoración de los méritos.

Ambos documentos que acreditaban supuestamente que había ejercido como asesor jurídico en el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, contaban con la firma de la secretaria municipal, y de la entonces alcaldesa, María Salomé Arroyo (PSOE) aunque según figura en la investigación los documentos habían sido falsificados ya que “las firmas no eran autógrafas sino que fueron escaneadas de varias formas originales y realizadas mediante procesos fotomecánicos”.

En una segunda fase del procedimiento, este funcionario aportó al tribunal de oposiciones un nuevo documento en el que su jefe de servicio en el área de Medio Ambiente del Consistorio veleño acreditó que prestó servicios vinculados a la licenciatura de Derecho en dicho departamento. Por este último, la Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión para el jefe de servicio y una inhabilitación especial durante el mismo periodo por un delito continuado de falsedad en un documento oficial.

El Ayuntamiento ha incoado un expediente disciplinario

Los hechos, que tuvieron lugar a finales de 2017, se descubrieron a raíz de la denuncia de otra opositora en el mismo concurso para la bolsa de abogados de la Diputación Provincial de Málaga.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga, a través del área de Recursos Humanos, ha incoado un expediente disciplinario a ambos funcionarios. Éste tiene fecha de este mismo mes. No obstante, fuentes municipales expusieron a esta redacción que “no es un asunto que ataña al Gobierno ya que esta situación no la crea una actitud o acción inadecuada de ningún miembro del equipo municipal”.

”Es un tema estrictamente personal que afecta a las personas implicadas por actos que solo ellos presuntamente han llevado a cabo”, añadieron estas mismas fuentes que recordaron que “al estar el asunto en sede judicial, debemos por el momento tener en cuenta la presunción de inocencia y esperar el fallo judicial”.