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El Obispado defiende su verdad en el caso de las Penas

  • Respalda la labor del comisario y espera normalizar la situación para convocar elecciones

La cofradía de las Penas lleva intervenida desde enero de 2015. La cofradía de las Penas lleva intervenida desde enero de 2015.

La cofradía de las Penas lleva intervenida desde enero de 2015. / m. h.

El Obispado de Málaga apoyó ayer, a través de un comunicado, la labor del comisario episcopal, Manuel Gordillo, tras las actuaciones vividas desde enero de 2015, cuando suspendió la junta de gobierno por irregularidades en torno al proceso de elecciones. Dada la falta de normalidad en torno a los recursos existentes en tribunales eclesiásticos, la Diócesis indica que no ha podido convocar comicios en el seno de la corporación nazarena.

En la nota se indicaba que la intención era arrojar "la verdad de los acontecimientos" desde su inicio hasta la actualidad. El 7 de enero de 2015 se decretó la designación del comisario episcopal. El cofrade puso en conocimiento de la iglesia malagueña "una serie de hechos y circunstancias" que, según el informe emitido desde la propia hermandad el 6 de febrero de ese año, se debía a "graves manipulaciones en el libro de hermanos y a la situación de obligaciones reglamentarias de un número considerable de hermanos". Por ello se aplicaron expedientes sancionadores a 15 hermanos.

Coincidiendo 2016 con el Año de la Misericordia, Catalá rebajó las penas en base a "una sincera solicitud de perdón y un cambio manifiesto de conducta, adecuándola a lo que tiene que ser un verdadero cofrade cristiano", según indica la nota. Sin embargo, el documento señala igualmente que algunos de los "no manifestaron un cambio adecuado de conducta; y por ello no se le aplicó con la misma amplitud la reducción de penas".

Ante esa circunstancia, seis hermanos presentaron un recurso al Dicasterio de los Laicos que, según el Obispado, remitió a la aplicación de las reglas de la propia hermandad y los desestimó. Lejos de dar la razón a los hermanos, la Diócesis indica en la nota que esta resolución "ha servido para que nadie saliera impune de los actos cometidos". Igual suerte corrieron cinco de las seis apelaciones al Tribunal Supremo de la Iglesia contra el decreto de este Dicasterio, publicadas en el año 2017. De esa manera, y tal y como narra la nota, "En este momento solo está abierto el proceso administrativo que la Cofradía de las Penas ha incoado contra el que fuera el Hermano Mayor [Francisco Calderón], habiéndose dictado Resoluciones por el señor Comisario y ratificado por Decreto del Obispado. Este último Decreto ha sido recurrido por el interesado ante el Dicasterio para los Laicos, estando actualmente pendiente de resolución".

Con este procedimiento, el Obispado pretende dar a conocer los hechos con más detalle a fin de procurar normalizar la situación interna de la hermandad. La nota señala que los comicios se convocarán "en un plazo razonable", una vez finalizados los actuales recursos interpuestos por los hermanos de las Penas.

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