Griñán defiende sus medidas "atrevidas" que impugnan el "orden establecido"

Las medidas contra la exclusión social aprobadas por el Gobierno autonómico con modestia, pero también con energía y desde el atrevimiento, están encaminadas a impugnar el "orden establecido" que admite el aumento de las graves desigualdades sociales en Andalucía. Éste es el análisis que hizo ayer el presidente de la junta, José Antonio Griñán, en la defensa del decreto ley contra la exclusión social en la sesión de control a su Ejecutivo en el Parlamento.

Y lo hizo no precisamente en un choque con el partido de la oposición, el PP, sino en respuesta a una pregunta de IU. El portavoz de este grupo, José Antonio Castro, reivindicó que la política del Gobierno andaluz "demuestra la función social de la política como herramienta útil al servicio del interés general".

Griñán señaló que en un año "muy difícil" Andalucía ha tratado de mantener servicios públicos "sin recortar derechos" y ha defendido tanto la educación pública, cuyos indicadores, según dijo, han mejorado "notablemente" en los últimos años, como el sistema sanitario, "viable con reformas y no con recortes" y del que se ha mostrado "muy orgulloso".

Una vez más, el jefe del Gobierno andaluz puso el énfasis en que no sean los mercados financieros los que impongan sus intereses a la sociedad, algo que "no es ser radical, sino creer en la política". Griñán destacó las medidas "excepcionales" puestas en marcha por su Gobierno ante esta situación, como el plan de choque para el empleo, el decreto sobre la función social de la vivienda y la próxima ley contra el fraude fiscal y social, además de otras futuras medidas legislativas para combatir cláusulas abusivas de los bancos, que se unen al decreto contra la exclusión social. "Son ayudas que probablemente no solucionan todos los problemas, pero marcan tendencia y miran hacia donde deben mirar, que es hacia los más desfavorecidos. Son medidas que demuestran que hay otra forma de hacer política, desde su función social", agregó Griñán ".

Socialistas e IU rechazaron una proposición una proposición no de Ley del PP-A con un paquete de medidas de la lucha contra la exclusión social, entre las que se instaba a la Junta a poner en marcha un nuevo plan andaluz de inclusión social, que implemente las políticas necesarias para prevenir y paliar la exclusión, y a la creación de un fondo social de emergencia destinado a familias sin ingresos y con todos sus miembros en paro.

La diputada popular Rosario Soto recalcó que la Junta no puede pretender "culpar" al Gobierno de Mariano Rajoy de esos recortes, al tiempo que advirtió que en Andalucía existe una clara debilidad en cuanto a instrumentos existentes para acometer una política que, desde los distintos frentes, sirva eficazmente para reducir los niveles de exclusión social existentes en la comunidad.