Adosada al Parlamento andaluz, la sede de la Cámara de Cuentas revela una doble realidad: la material, traducida en unas generosas instalaciones cuya guinda es el despacho presidencial; y la funcional, por su imperfecta unidad de destino con la casa del pueblo, en cuyo nombre controla el uso que las administraciones hacen de los fondos públicos en una época en la que cada euro cuenta. Antonio Manuel López (Guadix, 1960), al frente del organismo desde 2010, ha visto cómo su perfil técnico -es catedrático de Economía Financiera y Contabilidad en la Universidad de Granada- no fue suficiente salvavidas para sortear la agria polémica de los ERE y la consiguiente sospecha de politización, grave dardo para una institución cuyo valor supremo en origen es precisamente la independencia.

-Según distintos estudios, cuando las empresas públicas prestan un servicio el sobrecoste respecto a los precios de mercado alcanza el 6%. Algunas autonomías, especialmente las gobernadas por el PP, se aferran a la fórmula de la privatización. ¿Le parece una alternativa válida para Andalucía?

-No se puede decir que lo público sea mejor que lo privado, o viceversa. Hace falta avalar cada elección con datos. En la Comunidad de Madrid, las críticas quizás no provengan tanto del propio sistema de externalización como de que no se hayan puesto sobre la mesa los estudios que justifican esa fórmula y no otra. Para plantearse el modelo de gestión más adecuado, lo primero es no tener una predisposición desde el punto de vista ideológico. Hay que buscar la fórmula que genere los mayores ahorros pero también la mayor calidad en la prestación del servicio. En Andalucía, por ejemplo en la gestión de servicios sanitarios, hay modelos compartidos: el SAS es un organismo autónomo; en otros casos hay empresas públicas. Hemos estudiado quién utiliza mejor los recursos. En algunos casos lo hace mejor un organismo autónomo y en otros una empresa pública. Una de las ventajas de este modelo es la retribución del personal: cuando se trata de una empresa pública, pueden ser más flexibles y ligar una parte del salario a la productividad.

-El Ministerio de Hacienda exigió una reordenación del sector público autonómico para adaptar su estructura a la era de la austeridad. La Administración paralela de la Junta, según Montoro, sumaba 380 entes que debían quedar el 269. Del cumplimiento del plan se sabe más bien poco. ¿Es la Junta todavía demasiado grande?

-Es cierto que uno de los retos del sector público es una reorganización de su arquitectura instrumental. Probablemente por la dimensión heredada de etapas previas de bonanza, se creó un conjunto de entes que ahora no tiene sentido mantener. Un ejemplo típico en el ámbito local son las empresas públicas de la vivienda o del suelo. Hace falta revisar la estructura del entramado institucional del sector público en general: en los ayuntamientos, donde muchos están recentralizando servicios para ahorrar costes; y en la Junta, que ha hecho un esfuerzo importante pero probablemente necesite un empujón adicional.

-Controlan todo órgano que lleve el sello de la Junta, pero también a los municipios, universidades y cámaras de comercio. ¿Tienen medios para cubrir semejante tarea?

-Actualmente trabajan en la Cámara 120 personas. Un 60% se dedica a tareas de fiscalización (auditores, ayudantes de auditoría y personal de administración). Está claro que hay un reto, porque nuestro ámbito de actuación es todo el sector público andaluz: Los 30.000 millones que maneja la Junta, los 12.000 de los ayuntamientos y 2.600 de las universidades. Todo ese gasto hay que fiscalizarlo. Me gusta ser crítico y realista: el control a la Junta es razonable porque todos los años hacemos el informe de cuenta general y partimos de la base de que la mayoría de sus entes instrumentales se audita también por agentes privados. Tenemos menos cobertura en el ámbito local. La atomización es muy grande. Los municipios de más de 50.000 habitantes (hay 29) suelen cumplir. Uno de nuestros objetivos clave es reorganizarnos para ser más eficientes y acortar el tiempo de elaboración de informes y su coste. En 2010 y 2011 hemos conseguido incrementar las fiscalizaciones un 25%. La otra parte del esfuerzo se la tenemos que pedir al Parlamento. Necesitamos más recursos.

-Sin embargo, y usted lo recuerda a menudo, la mitad de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes no cumple. El Estado ya ha tomado medidas: corta el grifo de la participación en sus ingresos y congela subvenciones. Pero, ¿y la Cámara? ¿Debería tener poder sancionador?

-En España no hay una cultura anglosajona de rendición de cuentas: si no hay una norma que obligue y que establezca las sanciones en caso de incumplimiento, difícilmente mejoraremos. Lo que ha hecho el Gobierno central ha sido medicina santa. En Andalucía, a los ayuntamientos que se escabullan se les puede congelar la participación en los tributos de la Junta y condicionar la percepción de subvenciones. Pero yo no me quedaría ahí: establecería sanciones que no se dirijan a la institución sino a la persona física que ha incumplido sus responsabilidades. Nuestro papel es de intermediación. No se rinde cuentas a la Cámara sino al Parlamento, a los representantes del pueblo. Ese concepto no está asimilado. A lo mejor es una cuestión de hacer cambiar el chip a los gestores públicos: su deber de rendir cuentas no es sólo un concepto legal sino democrático. Usted se debe a los que le han elegido para justificar lo que ha hecho. Que un político no rinda cuentas significa cometer una arbitrariedad tremenda y faltar a sus electores.

-¿Sus recomendaciones se asumen o van a la papelera?

-El seguimiento de nuestras recomendaciones está en torno al 60%-70%. Incluso hay organismos que, tras recibir el informe, nos hacen llegar motu proprio una serie de medidas para mejorar la gestión. Eso es cada vez más habitual, pero depende al final de la voluntad de los entes. Por eso hemos pedido que sea obligatorio reportar tanto al Parlamento como a la Cámara de Cuentas qué cambios se operan como consecuencia de las recomendaciones.

-La oposición ha utilizado el caso de los ERE para señalar la que consideran sospechosa labor de la Cámara de Cuentas. Repasando las conclusiones de su informe, sin embargo, se enumeran infinidad de irregularidades.

-El procedimiento seguido en ese informe es el mismo que con todos los demás. Lo que no vale es señalar a la Cámara, e incluso a mí -se personaliza y estamos ante un órgano colegiado-, cuando se trata del mismo equipo que ha hecho los informes de Invercaria, el SAE y Soprea. Ha sido un error meternos en esa jungla política. La filtración que hubo del borrador nos ha dañado. Pero analizando desde la distancia, estoy totalmente satisfecho con nuestro trabajo. Defiendo al 100% nuestro informe, que es riguroso y completísimo. No sé si mucha de la gente que lo ha criticado se lo ha leído siquiera. Retrata muy claramente la situación, tanto respecto a las ayudas sociolaborales como a las recibidas por las empresas en crisis. No se ha medido el alcance de la acusación. El informe es muy contundente. Sí reconozco que la Cámara, por las disfunciones que se generaron con la filtración, ha intentado establecer un sistema lo más garantista posible de trabajo. Ratifico que se han seguido los procedimientos; no nos hemos dejado llevar por los fuegos artificiales de la política. El informe tiene un valor que no sé si la gente comprende.

-Supongo que cuando usted le dedica unas horas de lectura al informe final concluye que la dimensión del escándalo no tiene parangón.

-Sin duda alguna. No hemos encontrado un caso igual, primero por el periodo de tiempo estudiado, 2001-2010, y luego por la dimensión económica.

-Las cifras manejadas se prestan a confusión. Zoido suele hablar de un fraude de 1.200 millones.

-Las cifras están fijadas en el informe. Una cosa es la gestión de créditos que se ha hecho y otra lo que se entienda que es irregular. Serán los juzgados los que determinen qué es penalmente sancionable y cuáles son las cuantías que se han podido defraudar al Erario Público. El papel de la Cámara no ha consistido sólo en identificar las irregularidades. También ha alertado a la Consejería de Empleo, cuando estaba haciendo su trabajo, de situaciones en las que se habían producido perjuicios de fondos públicos para que pudiera iniciar los procedimientos de reintegro. Tampoco esto se ha valorado. Hubo una reacción de la propia Consejería diciendo: nos ponemos a trabajar inmediatamente. El informe puso sobre la mesa las comisiones a las empresas aseguradoras, dando cifras. A medida que íbamos identificando disfunciones y fallos, se iba comunicando y había una reacción de la Consejería.

-El PP sostiene que el caso Soprea podría ser el siguiente gran cadáver en el armario de la Junta.

-No creo que tenga nada que ver con los ERE. Soprea es una empresa pública en la que hay una reformulación de cuentas anuales y una serie de actuaciones con riesgo respecto a su desenvolvimiento y donde nuestra postura es evaluar esas incertidumbres y considerar que las cuentas no reflejan fielmente la imagen de la empresa. Puede haber diferencias de criterio, porque esta empresa está auditada a la vez por un auditor privado. Y no siempre los mismos hechos se interpretan de la misma manera por unos profesionales y otros. Las normas de auditoría del sector público y privado no son iguales. Nuestros informes no sólo analizan los estados financieros sino el cumplimiento del principio de legalidad. Entendimos que una serie de salvedades, por la importancia que pueden tener, conducían a un informe desfavorable de la situación financiera de Soprea.

-La Cámara denuncia reiteradamente la vulneración de los principios de igualdad, mérito y capacidad en la contratación pública. ¿Sería la integración de la Faffe en el SAE el ejemplo perfecto?

-El tema Faffe no lo hemos auditado porque las integraciones han ocurrido sobre todo en 2012 y las vamos a examinar este año. Pero se están finalizando informes sobre varias agencias donde esto puede haber ocurrido. Es un tema muy polémico y está generando incluso sentencias contradictorias. Va a ser la justicia la que aclare todo.

-Yo le hablo de algo más generalizado y más grave. La cultura del amiguismo y las siglas del carné han estado muy presentes en Andalucía a la hora de fichar personal laboral de la Junta y también cuando toca elegir a altos cargos, aunque sean puestos de confianza.

-No me gustan las generalizaciones. Sobre los puestos directivos sólo se puede valorar si esos perfiles son los más idóneos. Sobre el personal, un informe relevante pronto verá la luz. Imagine que un ayuntamiento tiene una concesión para la explotación del servicio de recogida de basuras; quita la concesión y absorbe a ese personal. Si lo absorbe sin más, está mal hecho. Tiene que haber unos procesos, que son los que contempla la ley. En esos casos decimos que se resuelve un problema pero se genera otro. Que eso sea extrapolable a la Junta no lo sé. Desconozco ahora mismo la problemática.

-La Ley de Transparencia que prepara el Ejecutivo retocará las funciones de la Cámara. ¿Qué espera además del rol coercitivo mencionado antes?

-Esa ley es necesaria para dar mayor credibilidad a todo lo público. Esperamos que se nos cite para aportar algunas ideas. Por ejemplo, acortar los plazos de rendición. Ahora mismo, la cuenta general se rinde a 30 de junio del año siguiente al que se cierra, con lo cual hay un desfase de dos años. Queremos publicar los informes al año siguiente siempre. Sería bueno, asimismo, limitar los mandatos a dos y reducir el número de consejeros (hoy son siete), reforzando también su perfil profesional y técnico.