La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha concluido que los sindicatos UGT y CCOO, como "tomadores" de los seguros de las pólizas que afectaban a varias empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva fueron "responsables de la elaboración de las relaciones de asegurados, así como de las actualizaciones de las mismas", lo que hace a estas organizaciones también responsables de la inclusión de los intrusos.

En el informe pericial remitido a la juez Mercedes Alaya, los cuatro peritos de la Intervención General del Estado explican que en el período 2002-2010 se concedieron ayudas por importe de 135,6 millones de euros, de los cuales la mayor parte, 128,8 millones, fueron para los ex trabajadores de empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva -para la financiación de las pólizas de seguro de rentas-, y otros 6,7 millones fueron para los ex trabajadores de las minas La Herrería, Río Tinto, Zarza e Insersa, también para la financiación de la póliza de seguro. En la crisis minera de la Faja Pirítica se autorizó un ERE de extinción de contratos para 966 trabajadores de los cuales 687 se acogieron al plan de prejubilaciones.

La Asociación de la Faja Pirítica de Huelva se constituyó el 30 de junio de 2003, como una entidad sin ánimo de lucro, por los representantes sindicales de la Federación de Industrias y Afines de UGT, UGT-Andalucía, CCOO-Andalucía, y la Federación Minerometalúrgica de CCOO, cuyo domicilio social se estableció en la sede del bufete de abogados sevillano Estudios Jurídicos Villasís. Entre las funciones de la junta directiva de la asociación se encontraban las de "figurar como tomadores en todas las pólizas de seguro que se suscribieran y las de cobrar ante todos los organismos públicos y privados, y del orden que fueran, todas las cantidades debidas por ellos a los asociados, previa autorización de éstos".

En la póliza suscrita para el colectivo de minas La Herrería-Río Tinto-Zarza-Insersa, aparece como tomador del seguro la Federación Estatal de Industrias Afines de UGT, con domicilio en Madrid, y en el grupo asegurado se contempla a los ex trabajadores prejubilados de estas minas detallados en la "relación de asegurados comunicados por el tomador del seguro, que sería el encargado de comunicar las posibles variaciones que se produjeran".

La Intervención General del Estado constata que estas empresas mineras no estaban contempladas en el acuerdo marco del 11 de septiembre de 2002 que suscribieron el Gobierno central y la Junta para garantizar un plan de prejubilaciones cofinanciado por ambas administraciones para mineros incluidos en un ERE de varias empresas (Almagrera, Navan Resources, Filón Sur, Nueva Tharsis y Minas de Río Tinto).

El informe pericial refleja que el 15 de abril de 2005, la aseguradora Vitalicio remitió una carta al tomador del seguro (la Federación de Industrias Afines de UGT) en la que le comunica la suspensión de pagos de las prestaciones de esta póliza (la 1096) por falta de pago de la prima. La carta fue reenviada por la consultora Uniter al director general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero, quien pidió a la aseguradora que los primeros pagos de esta prima se realizaran con una cantidad de un millón de euros que había sido entregada para otra (la 890), con lo que la Intervención del Estado concluye que esos pagos se realizaron por el "irregular sistema denominado de pagos cruzados".

El informe pericial constata las dos maneras de actuar en la tramitación de los expedientes por parte del Estado y de la Junta de Andalucía, y así pone de manifiesto que en el caso del Estado, que asumió compromisos por importe de 34,5 millones de euros, hay constancia de 15 resoluciones de concesión de ayudas extraordinarias, previamente solicitadas por los representantes de los trabajadores.

En el caso del expediente tramitado por la Junta no sólo no consta que los trabajadores afectados hayan solicitado ayuda alguna, "ni individualmente ni de forma colectiva a través de sus representantes sindicales", sino que tampoco hay constancia de que la Consejería de Empleo dictara ninguna resolución de concesión de ayuda a cada uno de los trabajadores, ni individual ni colectivamente.

El Ministerio de Trabajo tramitó los expedientes de gasto, que fueron "fiscalizados" por la intervención delegada con carácter previo a la concesión de las subvenciones, y después realizo el pago de las mismas a través del Habilitado de la Subdelegación del Gobierno en Huelva, quien debía ingresar el importe íntegramente el plan de prejubilaciones y justificar el pago ante la Dirección General de Trabajo. Previamente los trabajadores tuvieron que acreditar su adhesión al plan de prejubilaciones, que se encontraban efectivamente en situación de desempleo y su compromiso de remitir a la dirección general de Trabajo los recibos hechos efectivos a la Seguridad Social, así como los posibles cambios que se produjeran en su situación laboral.

Para los peritos, el Ministerio de Trabajo siguió el procedimiento "adecuado" para otorgar y pagar las ayudas a los trabajadores afectados por procesos de reconversión o reestructuración de empresas, mientras que la Junta de Andalucía "prescindió absolutamente de procedimiento tanto para la concesión como para el pago de las ayudas". Dicen los peritos que la documentación obrante en el expediente de la Junta es "incompleta, fragmentaria y no posee orden cronológico o sistemático alguno, careciendo del mínimo rigor exigible en la gestión de fondos públicos".