El Íbex y el martillo
El resto del tintero
Renault será la próxima en entrar en la alianza de Susana Díaz con las grandes compañías, una estrategia que no es económica, sino política: 'vender' Andalucía en una España insegura.

EL miércoles pasado, después de la sesión parlamentaria en la que se certificó que el PP andaluz necesita con urgencia un presidente que sustituya a Juan Ignacio Zoido; después de compartir con él descalificaciones inútiles y desabridas como boxeador noqueado o soberbia, a Susana Díaz, a la presidenta de la Junta, le esperaba en el palacio de San Telmo otro presidente: el de Renault en España. El fabricante de automóviles, que se ha distinguido desde hace dos décadas por una gestión responsable además de acertada, cerrará un acuerdo con la Junta en las próximas semanas en las que, posiblemente, se comprometa a concentrar algunas inversiones en Andalucía y abra hueco para acoger becarios con opciones de seguir en la empresa. ¿Hasta 1.000 personas? Puede ser, es el sello con el que Susana Díaz está imprimiendo a los acuerdos que viene firmando con los grandes del Íbex, el índice bursátil español: 1.000 becas cofinanciadas con la Junta, bien para jóvenes desempleados bien para recién salidos de las escuelas de formación profesional o de las empresas.
Pero, así como Bill Clinton le espetó a George Bush padre en la campaña presidencial de 1992, esa advertencia de "es la economía, estúpido", en este caso, en esta alianza que Díaz está forjando con los señores del Íbex, no es todo economía; es más, hay mucha política porque lo que está haciendo la nueva presidenta es posicionar a Andalucía en el mapa de una España desestabilizada. Cuando la incertidumbre sobre Cataluña provoca miedo, cuando el País Vasco puede ser el siguiente y cuando Madrid anda liado con esos presidentes, ex presidentas, alcaldesa y ex alcaldes tan mal avenidos, la de Triana ha levantado la mano para decir "oiga, que aquí estamos, con Andalucía, España y la Humanidad", y respaldados por un Gobierno estable. A ese verso del himno andaluz, y no por causalidad, se refirió el pasado lunes el presidente de Telefónica, César Alierta, el segundo en pasar por el photocall de San Telmo después de Emilio Botín.
Sí, la alianza del Íbex puede ser un buen inicio del relato del mandato de Susana Díaz. Una historia que, sin embargo, debería buscar un fin económico, el de eliminar para siempre el hecho diferencial andaluz, que no es ni el acervo cultural ni el humor, ni el senequismo ni la tolerancia, que no, que no es eso, que lo que, realmente, nos diferencia es el paro. Desde que el campo dejó de requerir de cientos de miles de manos jornaleras y las experiencia industriales, como las de la Bahía de Cádiz, se convirtieron en enfermos desahuciados que nunca terminan de morir, Andalucía se sostiene sobre un tejido económico deshilachado que no se termina de romper por la argamasa de los planes para desempleados. Nuestro 36% de tasa de desempleo de la última EPA -siempre 10 puntos superior a la española, ése es nuestro hecho diferencial- basta para concluir con la presidenta que esto hay que "abrirlo en canal". Pero a ella corresponde, al menos, el impulso.
España y estabilidad andaluza en todos los sentidos. Eso es lo que Susana Díaz está vendiendo a los señores del Íbex en una de las mejores campañas diplomáticas que Andalucía nunca haya hecho. A pesar de ser un Gobierno de socialistas y comunistas, el andaluz no asusta. El vicepresidente andaluz, Diego Valderas, de IU, lo dice en broma: "Lo que hay que hacer es utilizar la fuerza de los contrarios". Tal como comentó a este diario esta semana, los señores del Íbex son bienvenidos por su formación política: "Nuestros objetivos son dos, crear empleo y hacerlo a un ritmo más alto que el de Mariano Rajoy, y eso sí, sin olvidar la economía social, sin dejar de robustecer a las Covap, Hojiblanca...". Se trataría, según esta versión, de postergar a otros campos la batalla final. Es una pirueta de riesgo mortal, pero quizás la única posible: el Íbex y el martillo. Sin embargo, frente al pragmatismo, se alzan los jóvenes neorrevolucionarios, como el diputado malagueño Alberto Garzón, que sostiene que un banco público andaluz bastaría para sustituir a Botín.
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