La juez Mercedes Alaya ha citado a declarar el próximo 25 de febrero a los cuatro peritos de la Intervención General de la Administración del Estado que en diciembre pasado presentaron su demoledor informe pericial, en el que avalan todas y cada una de las sospechas que la instructora ha ido acumulando en los últimos años en la investigación de los ERE.

La instructora ha citado a los peritos a una comparecencia que tiene como objeto la ratificación del informe pericial y en la que tanto el fiscal como los abogados de la acusación particular y de las defensas de los 141 imputados en la causa podrán interrogarles sobre el contenido de la pericia.

Los peritos incluyen en ese informe todas las irregularidades que Alaya ha apreciado en la gestión de las ayudas públicas en la última década, desde la "inadecuada" e "improcedente" utilización de las transferencias de financiación para la concesión de las ayudas hasta la absoluta ausencia de procedimiento legal para la concesión de las subvenciones, lo que impidió la fiscalización previa por el interventor delegado en la Consejería de Empleo.

El informe pericial contiene un reproche fundamental por no haber adoptado medidas para evitar el fraude a tres ex consejeros de Economía y Hacienda, los que ocuparon el cargo en el período entre 2000 y 2009: la ex consejera Magdalena Álvarez, el ex presidente de la Junta José Antonio Griñán y la ex consejera Carmen Martínez Aguado.

El documento elaborado por cuatro peritos designados por la Intervención General de la Administración del Estado señala expresamente que "a la vista de las irregularidades detectadas en los informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía (IGJA), y conforme a lo establecido en el artículo 9. e) de la Ley General de la Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma de Andalucía [en alusión al principio de unidad de caja], no consta que en el período 2000-2009 el consejero de Economía y Hacienda, en el ejercicio de sus competencias, haya adoptado las medidas necesarias para evitar dichas irregularidades".

Tampoco consta, continúan los expertos, que el consejero "haya dado cuenta al Consejo de Gobierno de aquellos resultados contenidos en los informes emitidos por la IGJA que, por su interés y repercusión deben ser destacados, según lo dispuesto en los artículos 52, tres y 57, tres, del decreto 149/1988, por el que se aprueba el reglamento de Intervención de la Junta", y que regulan precisamente cuando el consejero debe dar cuenta al Consejo de Gobierno.